La sentencia contra Monbus y Alsa es "solo la punta del iceberg del amiguismo de la Xunta", dicen empresas, sindicatos y oposición

Un seísmo de grandes proporciones ha sacudido el sector del transporte de viajeros por carretera en Galicia, un gremio en plena ebullición y a punto de saltar por los aires. El epicentro del temblor tuvo lugar en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que dio orden a la Comisión Galega da Competencia para incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa “por indicios de haber podido repartirse el mercado”.

Se trata de un caso que viene de 2020, cuando las dos firmas concurrieron por medio de una Unión Temporal de Empresas (UTE) a un concurso público de varios contratos en Galicia. De 29 concesiones que se contrataron, acudieron a cinco en UTE. Pese a las denuncias por este suceso, Competencia archivó en 2021 el caso, del que ahora toma partido la Justicia. 
 

Desde Monbus han salido al paso tras la noticia y manifiestan que siempre actuó con “absoluto rigor e integridad dentro de la legalidad”, anunciando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSXG. En todo caso, los servicios jurídicos de la compañía todavía están en proceso de estudiar a fondo el fallo, que todavía no es firme, si bien adelantan que a su parecer “no ha habido práctica restrictiva alguna” y que todo está “acreditado y justificado”. 

“NI LA XUNTA, NI COMPETENCIA, NI EL TACGAL HICIERON NADA”

No obstante, tampoco se han hecho de esperar las reacciones de otra parte significativa del sector, reunida en la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros por Carretera de Galicia (Galibus). El colectivo considera que el pronunciamiento del TSXG es prueba de que Competencia “no hizo la más mínima comprobación de los hechos denunciados” y que la “sentencia contundente” refiere “indicios razonables de infracción de la ley de competencia por repartirse Alsa y Monbus el mercado”.

Desde el sector llevan años denunciando el monopolio de un grupo reducido de empresas que se han hecho con la casi totalidad de los contratos públicos gracias al favor de la Xunta, “que es quien designa a los miembros de esa Comisión” -aunque hoy Rueda defendió la independencia del ente-, y de los miembros que componen el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACGAL).

“Existe una utilización fraudulenta de la institución de las diligencias previas. La actuación de la Comisión Galega y de la Xunta afectan a la libre competencia al favorecer a las empresas más grandes en detrimento de las Pymes. La licitación en UTE por Alsa y Monbus conjuntamente y en los lotes más importantes, no está justificada y responde a la conducta prohibida de repartirse el mercado, imposibilitando la concurrencia de empresas más pequeñas”, explican desde Galibus en un comunicado, que también ha denunciado reiteradamente el incumplimiento de los pliegos de los contactos concedidos a estas empresas.

Con todo, desde la organización argumentan que esta conducta no es fruto de la “casualidad” sino de “una causalidad”, remarcando las “fundadas sospechas e indicios racionales de que ha habido concierto para obtener una posición dominante e incluso excluyente del transporte público de viajeros en Galicia”.

“El Alto Tribunal declara la nulidad del acuerdo del pleno de la CGC por infracción de la ley de competencia y le ordena que se inicie el correspondiente expediente sancionador. Estas prácticas colusorias fueron denunciadas en su momento ante la mesa de contratación, CGC y TACGAL, de la Xunta de Galicia además de por esta Asociación, por empresas y organizaciones sindicales, así como por personas a título individual, haciendo caso omiso al respecto”, lamentan, haciendo una comparación con el Gobierno de Aragón, que sí detectó irregularidades en torno a Monbus “y actuó en consecuencia”. 

En este escenario, desde Galibus también han acudido ante la Justicia para formalizar la denuncia “de la existencia de colusión, además de otros graves incumplimiento, en varias ocasiones mediante escritos remitidos tanto a la Presidencia de Galicia, que no han tenido contestación alguna, como ante el TACGAL, Competencia y la CNMC”. Desde el sector reclaman a la Xunta que tome “las medidas oportunas” y “abandone su política de favoritismo” hacia Monbus a fin de “restablecer la normalidad en el sector” e iniciar un nuevo proceso de licitaciones justo, equitativo y eficiente. 

“ES LA PUNTA DEL ICEBERG” DEL “AMIGUISMO DEL PP”

Como Galibus, también sindicatos y fuerzas políticas han hecho sus consideraciones sobre este caso. La CIG confía en que la sentencia sirva para “poner cordura” en un sector que irá a la huelga el próximo 31 de marzo por el enquistamiento de los convenios provinciales. El sindicato confía en que se pueda “revertir la peor situación que vive en su historia”, pero calificando de “increíble” que desde la Xunta “se permita, promueva y ampare” esta clase de hechos sobre los que ahora actúa el alto tribunal gallego. 

Xesús Pastoriza, responsable de Transportes de la CIG, hace hincapié en que se trata de un asunto con un larguísimo recorrido de quejas y denuncias que acabaron archivadas. “Ahora, años después y con un sector sumido en el caos, el propio TSXG le ordena a la Comisión Gallega de la Competencia que abra un expediente sancionador a Monbus y Alsa e investigue el que en su día lo que no quiso investigar”, reprende. 

El deseo de la CIG es que la investigación llegue “al fondo” y determine “si realmente existió connivencia” entre las dos empresas encausadas. En la línea del sindicato van las reclamaciones del BNG, que también censura a la conselleira Ethel Vázquez su posicionamiento “de perfil” y “echando balones fuera” en este caso por los tratos de favor que, aparentemente, dispensaban desde su Consellería. 

Paulo Río, diputado nacionalista, argumenta que desde el BNG llevaban “años” denunciando las irregularidades ahora detectadas por el TSXG, que da “la razón al BNG, una vez más”, que retoma de nuevo el hecho de que Competencia archivase la denuncia y la considerase nula “sin nisiquiera investigar estos hechos denunciados”. 

“Tanto los sindicatos, como el sector y ahora el TSXG sí que ven indicios claros de irregularidades, un acuerdo explícito entre Alsa y Monbus para repartirse los lotes y no compartir entre ellos. Todo el mundo ve los indicios, los únicos que no los ven son la Xunta, el PP y las propias empresas”, apostilla, que califica a Alsa y Monbus de “empresas amigas” del Partido Popular. “No es más que la punta del iceberg”, increpa a los populares. 

“EL ZORRO AL CUIDADO DE LAS GALLINAS”

También desde la bancada socialista han emitido juicios sobre este asunto, con Paloma Castro, portavoz de Xustiza del PSdeG en el Pazo do Hórreo, exigiendo la renovación inmediata de la Comisión Galega de Competencia. “Entendemos que no está ahora capacitada para instruir ese expediente sancionador que da respuesta a esas denuncias”, alega la socialista, que recurre al refranero para explicar que “no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas”. 

“Creemos que esta sentencia constituye un nuevo tirón de orejas a la Xunta y refleja claramente la política de amiguismo que lleva practicando una década el PP”, critica Castro por el “comportamiento vergonzoso” que, presuntamente, tuvo la Consellería de Transportes “perjudicando” a otras empresas del sector.