La solicitud de Altri para captar aguas ha caducado y la Xunta debe archivarla, advierten ecologistas

ADEGA exige a la Xunta archivar el proyecto de Altri en Palas de Rei por incumplimiento de plazos

 DEGA) ha solicitado formalmente a Augas de Galicia que archive el expediente relacionado con la concesión de aguas superficiales del río Ulla, destinada al proyecto industrial de Altri en Palas de Rei (Lugo). Según la entidad ecologista, la administración ha superado el plazo máximo de 18 meses establecido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que, a su juicio, supondría la desestimación automática de la solicitud.

Sin este permiso, el plan para instalar una factoría de celulosa y de fibras téxtiles se vendría abajo. 

La solicitud inicial fue presentada en noviembre de 2022 y el plazo habría concluido el 30 de septiembre de 2024. Al no haberse emitido una resolución hasta la fecha, ADEGA reclama que el expediente sea cerrado y que se notifique oficialmente a la empresa y a las partes interesadas.

Un proyecto industrial polémico

El proyecto de Altri-Greenfiber consiste en la construcción de una planta de producción de fibras textiles a partir de celulosa en Palas de Rei (Lugo), con una inversión prevista de unos 800 millones de euros. La iniciativa ha generado una fuerte controversia ambiental debido al elevado consumo de agua que implicaría la instalación industrial, estimado en 46.000 metros cúbicos diarios, así como a su impacto sobre el ecosistema del río Ulla y la gestión de residuos asociados a la producción.

Diversas entidades ecologistas y sectores sociales han expresado su preocupación por las posibles consecuencias ambientales y económicas del proyecto, mientras que desde el ámbito empresarial y político se ha defendido su potencial para generar empleo e inversión en la región.

Críticas a la gestión administrativa

ADEGA, que forma parte del proceso desde su inicio, ha criticado la gestión del expediente por parte de la Xunta. La asociación sostiene que, al revisar el expediente en septiembre de 2024, detectó la ausencia de informes preceptivos necesarios para la concesión del agua y que no existen registros de suspensiones del procedimiento.

"No decurso do procedemento, solicitamos periodicamente acceso ao expediente administrativo que xestiona o Servizo Territorial de Augas para a zona hidrográfica de Galiza-Centro. Nunha consulta en setembro de 2024, co prazo de resolución próximo a vencer, puidemos comprobar que no expediente faltaban aínda por emitir informes preceitivos para poder autorizar a concesión e que no procedemento non se rexistraron suspensións. E nesta mesma semana de febreiro puidemos verificar que aínda non se tiñan incorporado ditos informes e que o expediente ficaba igual que hai case 4 meses", señala un comunicado de los ecologistas.

Además, denuncia que recientemente se filtró desde la Xunta un documento a La Voz de Galicia que daba por autorizada la solicitud de Altri, lo que, según la organización, ha generado confusión y podría condicionar el trabajo del personal técnico de la Xunta. El BNG ha dicho que técnicos de la Xunta han dimitido por no querer dar luz verde a la industria. El Gobierno ha rebatido esta acusación, acusando a los nacionalistas de amenazar a los funcionarios.

Expectativas de la empresa y debate político

A pesar de la falta de resolución en el plazo anunciado de diciembre, la empresa Altri-Greenfiber confía en que la Xunta apruebe su proyecto. Sus previsiones apuntan a la obtención de la declaración de impacto ambiental en marzo y de la autorización ambiental integrada en junio, lo que permitiría iniciar la construcción de la planta.

El proyecto también ha provocado división en el ámbito político gallego. Mientras que el Gobierno autonómico del PP ha mostrado su respaldo a la iniciativa y ha reclamado al Estado, que gobiernan el PSOE y Sumar, más apoyo financiero, la oposición ha cuestionado la falta de transparencia en el proceso y ha denunciado posibles irregularidades en la tramitación.

La situación actual refleja la tensión entre las expectativas empresariales, las demandas ecologistas y el debate político en torno a un proyecto de gran envergadura para Galicia.