Dos abogados reclaman a la Seguridad Social 50.000 euros por "negárseles la atención en gallego"

El incumplimiento de la Ley Integral de Igualdad de Tratamiento y no Discriminación puede salirle muy caro al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que, según el relato de dos abogados lucenses, negó la atención en gallego a los letrados como reclamaban. Por esto, los togados piden una compensación de 50.000 euros en un caso sobre el que se ha pronunciado A Mesa pola Normalización Lingüística, que ha hecho público su apoyo a los afectados.

Y es que no es la primera vez que sucede algo así en la comunidad gallega, donde al año se registran cientos de incidencias en este sentido, muchas de ellas recogidas por A Liña do Galego, el canal de A Mesa habilitado a la ciudadanía para que trasladen sus denuncias en casos similares. Muchas de estas consultas, una gran mayoría según indica la plataforma, están relacionadas con la negativas de servicios públicos y privados a prestar atención en la legunda del país. 

"AQUÍ SOMOS TODOS CASTELLANO-PARLANTES"

La reclamación de estos profesionales lugueses está "pendiente de estudio", según avanzan desde A Mesa, que eleva la hipotética multa hasta los 50.000 euros por "conductas discriminatorias graves". "Me tienes que hablar en castellano si quieres que te responda. Aquí somos todos castellano-parlantes", aseguran los letrados, Miguel Vieito Villar y Cristina Fernández Lago, que recibieron como contestación de una funcionaria de la Delegación Provincial del INSS que les negó la resolución de una consulta por no dirigirse a ella en castellano. 

Los afectados puntualizan la "hostlidad" y "agresividad" que sufrieron. "Las Administraciones públicas con sede en el país tienen deber de dispensar un tratamiento en la lengua escogida por los administrados; en este caso, el gallego", consideran, censurando a su vez la "actitud y el desprecio con el que fuimos tratados", que tachan de haber sido "totalmente inaceptable". "Por desgracia, no se trata de un hecho aislado, sino en el día a día de las personas gallego-hablantes", lamentan.

Marcos Maceira, presidente de A Mesa, considera un "chantaje lingüístico" el que ofrecen algunas administraciones y empresas para "forzar" a los usuarios y que "dejen de hablar gallego". "Vivimos en un marco legal donde teóricamente todos y todas tenemos derecho a utilizar el gallego en nuestras relaciones con las instituciones públicas o privadas, pero como en la práctica éstas se niegan a corresponder, ese derecho no se puede ejercer", critica Maceira, que pone la pelota en el tejado de la Xunta para que empiece a "eliminar límites" y las "coacciones que impiden llevar a cabo una vida en el propio idioma".