Las madres coraje se unen para reivindicar que también las cuiden a ellas
La labor de cuidar a un hijo gran dependiente debería estar reconocida laboralmente con los mismos derechos que las personas contratadas. Esta es una de las reivindicaciones de la nueva Plataforma Estatal de Cuidadoras No Profesionales, que nace en un momento en el que se ha planteado un cambio legal sobre los derechos de las personas con gran dependencia.
Se presenta la Plataforma Estatal de Cuidadoras No Profesionales, una nueva organización que busca reivindicar los derechos de las cuidadoras de personas con dependencia. Esta iniciativa surge de la unión de madres cuidadoras de hijos con grandes discapacidades, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus seres queridos y dignificar su labor.
El surgimiento de esta plataforma se enmarca en el contexto de la consulta ciudadana promovida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. El ministro ha anunciado que su departamento someterá a consulta pública el anteproyecto de reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia. Esta reforma pretende cumplir con los mandatos de la reciente actualización del artículo 49 de la Constitución y adecuar la legislación a los principios de autonomía plena, accesibilidad y derecho a una vida independiente y en condiciones de bienestar.
Según el ministro Bustinduy, estas reformas están orientadas a transformar el modelo de cuidados y apoyos a una vida independiente. Sin embargo, las cuidadoras de la plataforma consideran que las reformas se centran principalmente en los adultos mayores, excluyendo en gran medida a los menores de edad y a sus cuidadores.
En este sentido, destacan la importancia de valorar la economía de los cuidados, que no solo es crucial para mantener la vida, sino también para el funcionamiento de la economía real, un hecho reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque no se le otorgue el valor adecuado
La plataforma hace un llamamiento a las autoridades y a las instituciones públicas para que coordinen y promuevan el bienestar social, no solo de las personas dependientes, sino también de los cuidadores principales, quienes enfrentan numerosas dificultades diarias. Las cuidadoras principales, término que la plataforma propone utilizar en lugar de "cuidadoras no profesionales", sufren una doble discriminación. Por un lado, existe un déficit en los cuidados proporcionados por el Estado y en la cantidad de servicios disponibles para los dependientes. Por otro lado, la figura del cuidador principal se encuentra invisibilizada. Aunque se les proporcionen apoyos externos, estos nunca serán suficientes para cubrir las necesidades continuas de los dependientes, argumentna.
El cuidado de los hijos, realizado mayoritariamente por mujeres (un 91,9% según el Instituto de la Mujer), se considera un trabajo hecho por amor o por obligación moral y sin remuneración. Esta situación es resultado de la naturalización de la feminidad y maternidad, así como de la concepción del cuidado dentro del constructo familiar.
La plataforma también enfatiza la necesidad de reconceptualizar el modelo de cuidado como un valor público y de reconocer el trabajo de las cuidadoras principales como un empleo formal, con los derechos que ello conlleva. Insisten en que no debe ser responsabilidad exclusiva de la familia garantizar los derechos y necesidades de los dependientes, sino que debe ser el Estado quien asuma esta obligación.
En palabras de las representantes de la plataforma: "Lucharemos para dejar de ser invisibles y por nuestros derechos como cuidadoras no profesionales. Conocemos de sobra nuestros deberes y queremos ser cuidadas para poder seguir cuidando. Necesitamos ser reconocidas".
La Plataforma Estatal de Cuidadoras No Profesionales cuenta con el respaldo de diversas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, el Sindicato y Asociación 25 de Marzo, la Asociación de Madres y Tutoras de Personas de Gran Dependencia (AMALAN), el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDD), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, y la Asociación Madres sin Límites.
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