#Claves de la semana

Ecoloxistas en Acción cuestiona la legalidad y las autorizaciones de la planta de tecnosolos en la mina de Touro

La organización ecologista denuncia los daños que provoca la compañía TEN en el entorno de la vieja mina y el malestar que causa a los vecinos. 


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Tecnosuelos
Foto: EP

 

La mina de Touro sigue dando mucho que hablar pese a que hace años que la administración autonómica dio carpetazo al proyecto del macrocomplejo minero. Sin embargo, los promotores siguen tratando de reactivar la iniciativa y la empresa TEN - Tratamientos Ecológicos del Noroeste, sigue operando en la zona y causando malestar a los vecinos y al medio, según declaran desde Ecoloxistas en Acción, que ha emitido una denuncia contra la firma por "operar sin una actualización ambiental autorizada". 

 

La compañía, vinculada al catedrático Felipe Macías, fue sometida a la revisión de la autorización ambiental en 2021. No obstante, y según indican desde la organización ecologista, "después de numerosos alegatos y requerimientos el procedimiento continúa sin resolverse". Esta situación provoca que la empresa siga funcionando y "generando olores continuos y nauseabundos, que la empresa se niega a reconocer".

 

"Dentro de estos incumplimientos, hacer más de dos años, la Consellaría de Medio Ambiente requirió la instalación de una estación de medición de calidad del aire dotada de analizadores automáticos que debería integrarse en la Red de Calidad del Aire de Galicia, pero a día de hoy no se realizó esta actuación de control", lamentan desde la plataforma sobre esta planta de procesado de residuos de origen doméstico e industrial y que se presenta como "solución para la restauración de los terrenos".

 

¿UN PERMISO ILEGAL?

La planta de los tecnosolos, además, está bajo la sospecha de cimentarse sobre una ilegalidad urbanística, según la acusación de Ecoloxistas en acción. "Luego de una inspección realizada por el Ayuntamiento de Touro, el anterior gobierno municipal otorgó una licencia de legalización de las instalaciones en octubre de 2022, que se encuentran en suelo rústico", detallan, considerando "ilegal" la actuación del gobierno municipal porque, dicen, "corresponde a la Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística (APLU)". 

 

"Precisamente después de la inspección para comprobar la correspondencia entre las obras que fueron autorizadas y las realizadas efectivamente sobre lo terreno, se constató que las obras ejecutadas no se correspondían con las que habían sido objeto de licencia", zanjan desde la entidad ecologista.

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