Ecoloxistas en Acción exige a la Xunta declarar la caducidad de la mina de Varilongo

La asociación Ecoloxistas en Acción, junto con otras entidades y los vecinos afectados, acaban de dar un ultimatim a la Xunta de Galicia para que declare la caducidad de las concesiones mineras que forman parte de la mina de Varilongo, en el municipio de Santa Comba, otorgadas en1942 para permitir la explotación de volframio por una empresa controlada por la Alemania Nazi.

La explotación de la mina se paralizó hace casi 40 años, en 1946. Aunque entre los años 1986 y 1988 se formalizaron autorizaciones de suspensión temporal de las labores, la actividad de la mina nunca se reinició. Después de varios accidentes de gravedad por los numerosos pozos y chimeneas, en 2007 la concesionaria presentó un plan de cierre y abandono, con un presupuesto de 874.000 euros. Sin embargo, la Xunta nunca lo llegó a aprobar, por lo que se mantuvieron vivas las concesiones.

Actualmente, y a pesar de que las concesiones están incursas en causas de productividad, dos empresas pretenden usar esta situación irregular generada por el Ejecutivo autonómico para lanzar varios proyectos contiguos, asentados sobre estas condiciones.

Por una parte se encuentra la empresa australiana Pivotal Metals, que pretende abrir en Varilongo una gran mina a cielo abierto de volframio y estaño. Esto produciría, según afirma Ecoloxistas en Acción, varias escombresas de enermes dimensiones, además de una balsa de lodos que ocuparía cientos de hectáreas.

Otra empresa es Eurobattery Minerals, que afirma que ya entrgó el proyecto para abrir una mina a cielo abierto para la extracción de níquel y cobre, sobre la Braña da Serra, situada en el nacimiento del río Xallas.

La asociación ecologista afirma haber realizado "denuncias continuadas por los impactos severos al medios ambiente causados por la situación actual de las concesiones, incluyendo también la existencia de vertidos ilegales de aguas de mina con una elevada concentración de metales pesados.

Han exigido, asimismo, a la Xunta de Galicia que, de maneria previa a la declaración de caducidad, obligue a la empresa que reciba la concesión a presentar un plan de cierre y clausura que obligue a la minería a restaurar zonas afectadas, con el objetivo de constituir las garantías económicas necesarias para evitar su fuga.

Ecoloxistas en Acción ha recordado en un comunicado que los funcionarios o que el propio Tribunal Supremo se ha ya pronunciado en este sentido de que la declaración de caducidad de una condición es "un acto que no es discrecional si no se tiene resguardo y que se debe adoptarse abligatoriamente.