La mina de Touro promete tanto trabajo como Río Tinto que es el doble de grande

Cobre San Rafael asegura que el sector primario (agricultura, ganadería y silvicultura) crecerá en 41 puestos de trabajo si se autoriza la mina de Touro - O Pino. Así figura en la documentación entregada a la Xunta para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto incluye la ocupación de 150 hectáreas de monte, el equivalente a unos 210 campos de fútbol. Se prevén también unas 2.000 voladuras con explosivos de alta potencia, como el nitrato de amonio, para extraer de la tierra unos 85 millones de metros cúbicos.

Esos 41 puestos de trabajo en el sector primario forman parte de los 1.200 empleos indirectos que figuran en el Estudio Socioeconómico del Proyecto, al que ha accedido Galiciapress. La filial de Atalaya Mining también prevé la creación de 421 puestos de trabajo directos.

Comparación con la mina de Riotinto

Las cifras de empleo directo no convencen a la Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN). ¿Por qué? Porque la misma multinacional que financia el plan de reapertura de la mina de cobre en Galicia opera otra mina, Riotinto (Huelva), que produce mucho más mineral del que generaría Touro y, sin embargo, ha creado casi los mismos empleos directos e indirectos que los prometidos a la Xunta.

La SGHN recuerda que la mina de Riotinto tiene capacidad para procesar 15 millones de toneladas de terreno al año, mientras que la de Touro solo alcanzaría aproximadamente la mitad, unos 8 millones de toneladas al año.

Por lo tanto, se puede estimar que la mina gallega sería aproximadamente la mitad que la andaluza. Sin embargo, Atalaya Mining afirma que prevé contratar en Touro a 421 empleados, cuando en Huelva tiene 450.

En lo referido a empleos indirectos, el Estudio Socioeconómico para Touro habla de 1.200 puestos de trabajo, mientras que el de la Mina de Riotinto -publicado por Atalaya en 2002- menciona 1.361 puestos de trabajo indirectos.

Ante estas cifras, la SGHN concluye que “non resultan en absoluto cribles as previsións de postos de traballo para Touro”. Este es uno de los motivos por los cuales la sociedad que preside el investigador del CSIC Serafín González pide que la Xunta emita una Declaración de Impacto Ambiental negativa.

El proceso de aprobación de la mina de Touro sigue en curso, con el proyecto declarado estratégico por parte de la Xunta en junio de 2024, lo que reduce los plazos administrativos.

Expectativas de aprobación y oposición al proyecto

Atalaya Mining espera la aprobación para mediados de 2025, con operaciones previstas para finales de 2026.

A pesar de esto, el proyecto sigue contando con una oposición significativa. Ecologistas y plataformas vecinales han impugnado el trámite de exposición pública. También hay un colectivo a favor de la mina, con lazos con los actuales dueños de la cantera que opera en los terrenos, del Grupo Explotaciones Gallegas. Este colectivo, A Asociación de Mineiros Touro-O Pino, se manifestó esta semana en el Parlamento para exigir a la Xunta una tramitación objetiva del proyecto.

En 2020, el Gobierno gallego tumbó una propuesta anterior con una declaración de impacto ambiental desfavorable, y en 2021 certificó su denegación. Los promotores han anunciado que renuncian a seguir pleiteando esta negativa en los juzgados, en teoría porque esperan luz verde a esta segunda propuesta.

Críticas a la nueva propuesta

La nueva propuesta ha sido criticada como una "copia barata" de la anterior, según un comunicado de colectivos vecinales y ecologistas como Plataforma Veciñal Mina Touro o Pino Non. Cobre San Rafael, en cambio, alega que el nuevo plan incluye docenas de mejoras.

Las preocupaciones incluyen la gestión de residuos tóxicos, con una balsa de 23 millones de metros cúbicos propuesta, y el impacto en el sistema fluvial del río Ulla, que ya sufrió contaminación durante la operación anterior (1974-1987). Atalaya Mining defiende el proyecto como sostenible, con mejoras en la gestión del agua en circuito cerrado y espesado de estériles.

La compañía promete un impacto económico de 2.542 millones de euros. La Plataforma ha convocado para este viernes una rueda de prensa para alertar de “da incidencia que a reapertura da mina de cobre tería sobre as explotacións gandeiras da comarca, tanto na producción de leite coma de carne, así como do seu impacto económico, laboral e social”.