Alcoa: ¿Es posible nacionalizar empresas para proteger puestos de trabajo??

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez argumentaba que Telefónica “es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto en España como en el plano internacional”. Esta frase encabezaba un documento dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el cuál explicaban la orden dada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la adquisición del 10% del accionariado de Telefónica. Así, desde diciembre de 2023 el Estado vuelve a estar presente en una compañía que se había privatizado dos décadas atrás. Todo esto ante la posibilidad de entrada del grupo saudí STC, hecho que para el Ejecutivo pondría en riesgo “el carácter estratégido que Telefónica tiene para el Estado”.
 

Por otra parte, ante las idas y venidas de Alcoa sobre la viabilidad de su factoría en San Cibrao y sus avisos a navegantes sobre la falta de fondos para mantener en funcionamiento la fábrica, la líder del BNG, Ana Pontón, esgrimió la nacionalización de esta empresa para “no ceder a los chantajes de la multinacional”. Y es que durante los dos últimos años, hasta el reinicio del proceso de electrolisis hace apenas una semana, Alcoa anunciaba cierres y traslados de producción a otros lugares económicamente más beneficiosos y con las fábricas a pié de mina.

¿ES POSIBLE NACIONALIZAR EN LA UE?

La crisis provocada por la COVID 19 dio en hueso duro y las grandes empresas así como los gobiernos, temieron una crisis de proporciones superiores a la de 2008. Todavía con el miedo y las consecuencias en el cuerpo, la UE decide que la inyección de capital público para mantener al sector productivo en marcha no debería suponer ningún problema. Esto último siempre y cuando la entrada de fondos públicos suponga una fórmula para evitar una catástrofe en cadena de pérdidas y colapso empresarial.
 

Fue ese miedo el que llevó a Alemania (ahora tercera economía mundial según los últimos baremos), Italia y Francia a intervenir en empresas como las eléctricas para evitar su desplome y un aumento de precios. Sin embargo, España no ha hecho, de momento, ningún otro movimiento tras la compra de accionariado en Telefónica. No entra en los planes del ejecutivo de Sánchez la intervención en Alcoa o eso se interpreta ante la actitud del Gobierno central frente al reclamo de Ana Pontón.

INTERVENIR EN ALCOA, ¿SÍ O NO?

A finales de enero de 2024 la portavoz nacional del BNG lanzaba la idea: ¿si se puede entrar en Telefónica, por qué no puede hacerse con Alcoa? Ambas empresas habían sido estatales durante mucho tiempo. Ambas fueron privatizadas a finales de la década de los noventa y en el caso del aluminio, la mayor parte del tejido industrial público paso a la multinacional Alcoa, la cual, con el paso del tiempo, fue vendiendo diferentes fábricas y centros de trabajo sobre todo a fondos de inversión y empresas del sector. Una vez hecho esto, Alcoa acabó con tres factorías de las cuales vende las de Coruña y Avilés, ventas más tarde investigadas por la Audiencia Nacional. 
 

Al final solo quedaba la factoría anteriormente conocida como Alúmina-Aluminio situada entre los concellos de Xove y Cervo, aunque sea nombrada como San Cibrao. Aquí Alcoa jugó al gato y al ratón arguyendo los excesivos gastos en energía. La administración central y la autonómica se lanzaron acusaciones de falta de compromiso. Mientras, trabajadores y empresa negociaban arduamente la continuidad o no de la factoría que supone el 30% del PIB de la provincia de Lugo. 

El cierre de la planta supondría dejar fuera a 3.000 trabajadores y perder ingresos millonarios que llevarían al desastre económico a una comarca de momento sin alternativas firmes a la aluminera. Si ello es así, las bases de la UE para la entrada del Estado en el accionariado de Alcoa-España estarían dadas. 

Del otro lado, los argumentos de Pontón son la falta de empatía de Alcoa con sus trabajadores y trabajadoras, además de considerar que la multinacional está “jugando con los empleos”. A raíz de esto, Pontón reclamaba “decisiones trascendentes” y apostar “por la intervención pública”.

Si de momento no ha habido una intervención o desembarco público en Alcoa solo el Gobierno sabe por qué. Aun así, a pesar de que el precio del aluminio fluctúa, que la producción de alúmina puede resultar más barata en lugares como Brasil, por ejemplo, la no intervención parece fiarse al anuncio de las inversiones que Alcoa realiza en su factoría y al anuncio de nuevos parques eólicos. En tal caso, también se debería comprobar hasta qué punto es estratégica la fabricación de aluminio para el Estado y para la UE, punto base para una intervención si fuese necesaria.