Francisco Caamaño: "La contratación de servicios públicos permite buenas políticas de gestión"

Presentación del libro en Santiago.

La legislación europea no ampara la remunicipalización de servicios públicos por motivos ideológicos, sino que exige una motivación en beneficio de la ciudadanía. Así lo han puesto de manifiesto el ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño, junto con el ex presidente de Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Quintero, en la presentación en Santiago del libro 'Servicios públicos e ideología. El interés general en juego', en la que participó también el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Jesús Asorey.

Francisco Caamaño explicó que la publicación "pretende aportar un soporte jurídico para quien tiene que decidir acerca de como gestionar los servicios públicos".

Y es que el ex ministro explicó que "hay personas que consideran que externalizar un servicio equivale a privatizarlo, lo que es un error". Para él, la diferencia entre la gestión directa y la colaboración público-privada es que "en el primer caso la administración se convierte en empresaria del servicio y en el segundo, en el supervisor de la calidad de los servicios y de la garantía de prestación de los mismos".

"Cuando los ciudadanos votan a sus representantes políticos, ¿qué eligen? ¿A gerentes de empresas de agua o de transporte, o están pensando en personas que supervisen la eficacia de los servicios públicos?", cuestionó.

FALLÓ LA LABOR DE SUPERVISIÓN

En esta línea defendió que criteros como "empleo estable, paridad, cuestiones medioambientales o el apoyo a la estrategia de ciudad y la defensa del patrimonio" deben ir en las condiciones de licitación.

Es de esta forma que "la contratación de servicios públicos permite hacer buenas políticas de gestión", afirmó. Para ello, es necesario "ocuparse de ello al momento de contratar y supervisar". "Es en esa función de supervisión donde se ha fallado por parte de algunos poderes públicos en algunos momentos", explicó.

Este diagnóstico es compartido por Gonzalo Quintero, quien recriminó hábitos "preocupantes", por los que "la Administración ha tenido la idea de que la concesión la doy sin demasiadas explicaciones de a quien la doy ni a quien se la quito". Sin embargo, aclaró que "eso se ha ido corrigiendo, ya que por 'imprevistos' y reformas de presupuestos se colaba una buena parte de la corrupción pública".

CONCESIÓN MAL DADA

De esas prácticas nació la "especie de fiebre de remunicipalización", asumida habitualmente "sin plantearse si pueden o no pueden prestarlos con una calidad suficiente de modo directo".

Así, alerto de que "dar la concesión a quien no se debe, puede constituir en un delito de prevaricación", del que matizó que "habrá que cambiar porque en España lo manejamos para demasiadas cosas". En este sentido, el catedrático recordó que "una concesión mal dada puede ser delictiva y una concesión mal retirada también".

Y es que la transposición de las directivas europeas, que entrará en vigor en España en cuatro meses, exige explicaciones y argumentos para "expropiar" las concesiones que no incumplan las condiciones.

De esta misma idea se expresó Pascual Sala, recordando que "la ideología era el fundamento del 'rescate', la voluntad unilateral de la administración, sin necesidad de demostrar otras motivaciones". Hoy en día "esa posibilidad no está negada, pero sí condicionada a razonarla adecuadamente", en base a tres condiciones: "el interés general, la eficiencia y la eficacia"

Sala recordó, además, que "servicio público es siempre de titularidad pública y esto no niega la posibilidad de que las administraciones puedan prestarlo directamente o a través de la colaboración público-privada".

El ex presidente de Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional también se refirió a otro condicionante de estas decisiones, como es la estabilidad presupuestaria, vigilada desde Europa. "No se pueden promover mayores servicios públicos si no existiera la posibilidad de externalizar, sin abdicar de la titularidad del servicio, la prestación de los mismos", concluyó.