Hacienda detectó en la Generalitat gastos prohibidos por el TC

Puigdemont contraataca en Twitter.

El secretario de Estado de Haciena, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado que la decisión de imponer una mayor supervisión a las cuentas de la Generalitat de Catalunya se produce después de que en el último informe remitido por el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña certificara que se habían realizado pagos con cargo a las partidas presupuestarias suspendidas por el Tribunal Constitucional, por estar destinadas a sufragar los gastos para el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"La última certificación remitida, el pasado jueves 13 de julio, por la intervención general de la propia comunidad autónoma certificaba que a finales del mes pasado se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", ha especificado en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press.

Concretamente, el texto de la medida publicado este sábado en el BOE indica que el último informe reconocía obligaciones en el programa presupuestario '132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales' --anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional-- por valor de 19.370 euros y autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente).

PUIGDEMONT CONTRAATACA EN TWITTER

En una serie de mensajes en Twitter, el presidente catalán ha contraatacado a la amenaza de cerrar el grifo del FLA. "Los euros públicos de los catalanes que han servido para sufragar la guerra sucia y han pagado informes falsos, ¿nos los puede devolver, señor ministro?", ha publicado Puigdemont en su cuenta acompañándolo de un recorte de periódico con las declaraciones de Méndez de Vigo diciendo que no se gastará ni un euro público en la consulta.

Ha repetido el mismo mensaje hasta en seis ocasiones preguntando consecutivamente por el coste de las autopistas radiales de Madrid y el de la banca, por las inversiones previstas en Catalunya que no se han ejecutado "pese a estar presupuestadas" y por los impuestos generados en Catalunya que no revierten ahí.