Pacto entre PSOE y Gobierno para que los desahuciados recuperen su casa
"El objetivo es que los acreedores compartan las pérdidas con los ejecutados", sostiene el acuerdo suscrito y que está dirigido a personas especialmente vulnerables.
El Gobierno y el PSOE han cerrado un acuerdo para presentar en el plazo de ocho meses un plan con medidas dirigidas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad económica que estén inmersas en un proceso de desahucio por impago de hipoteca.
Este compromiso está incluido en el acuerdo suscrito entre ambas partes para aprobar la prórroga de la moratoria antidesahucios otros tres años más y que el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, según han informado fuentes socialistas.
En concreto, el plan de medidas se dirigirá a deudores hipotecarios incluidos en la moratoria de desahucios, que son aquellos que se encuentren en supuestos de especial vulnerabilidad, y siempre que el embargo se refiera a la vivienda habitual.
Algunas de estas medidas permitirán el descuento de parte de las cantidades aportadas por la persona desahuciada para la amortización del préstamo hipotecario o las mejoras realizadas durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento. Entre otras medidas, las fuentes consultadas aseguran "un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría en este proceso".
"El objetivo es que los acreedores compartan las pérdidas con los ejecutados y se descuente del precio a percibir por el banco una parte pagada por el ejecutado y que sólo cubrió el aumento artificial de precio causado por la oferta excesiva de crédito y la burbuja inmobiliario", señalan desde el PSOE.
Para aquellas personas que hayan sido desahuciadas y que se encuentren "en el umbral de exclusión", el acuerdo contempla que puedan solicitar y obtener el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3% de su valor.
DERECHO DE ALQUILER
Esta solicitud podrá realizarse en seis meses desde la entrada en vigor del decreto ley que aprobará el Ejecutivo para aquellas personas que se hubieran beneficiado de la suspensión y desde que se produzca la suspensión del lanzamiento para quienes se beneficien con posterioridad.
El alquiler social tendrá una duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar cinco años, y con la posibilidad de ampliarse de forma anual otros cinco años más, por mutuo acuerdo entre las dos partes.
PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto ley que amplía la suspensión de los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual en tres años, hasta 2020. Se trata de la segunda vez que se extiende esta suspensión, después de que en febrero de 2015 el Consejo de Ministros aprobara extenderla también en dos años, hasta 2017. El mes pasado, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ya anunció su intención de ampliarlo hasta enero de 2019, pero finalmente se extenderá hasta 2020.
Este real decreto ley también profundiza en las medidas de protección a colectivos vulnerables por la crisis ante el desahucio de su vivienda ya existentes, ya que incluye en los supuestos que pueden beneficiarse de las mismas a las familias con hijos menores de edad (no solamente con menores de tres años a su cargo como hasta ahora) o monoparentales con hijos a cargo (eliminando el mínimo de dos hijos en familias monoparentales), en situación de desempleo, discapacidad, dependencia, enfermedad grave o violencia de género.
En concreto, los últimos cinco supuestos ya se aplicaban en la suspensión de lanzamientos y a partir de ahora se extienden al Código de Buenas Prácticas. El supuesto de situación de paro se amplía en la suspensión de desahucios, ya que se elimina el requisito de haber agotado las prestaciones de desempleo.
Esta medida, que está en vigor desde 2013, ha sido elaborada con un "amplio consenso", según ha explicado el Ministerio en un comunicado. Por su parte, el ministro titular, Luis de Guindos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que confía en que la aprobación de este real decreto ley tenga un "apoyo muy amplio" en el Congreso.
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