​Podemos pretende limitar la capacidad de veto del Gobierno en el Congreso

El grupo parlamentario de Unidos Podemos está ultimando una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para limitar la capacidad que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios, ajustándola a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La capacidad de veto del Gobierno tiene su origen en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

Según han avanzado a Europa Press fuentes de Unidos Podemos, la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso que tienen previsto registrar en los próximos días busca modificar el artículo 126 de las normas parlamentarias que desarrolla ese principio constitucional.

UNA VEINTENA DE LEYES CONGELADAS

En virtud de estos preceptos, el Gobierno de Mariano Rajoy acumula ya una veitena de vetos a proposiciones de ley de la oposición o de parlamentos autonómicos cuando sólo han transcurrido siete meses de legislatura.

Desde Unidos Podemos denuncian que este "abuso" de la competencia para frenar la tramitación de propuestas de la oposición está mermando considerablemente la capacidad legislativa de la Cámara y, además, defienden que el Ejecutivo utiliza esta herramienta desoyendo la doctrina del Tribunal Constitucional.

En este sentido, subrayan que el Alto Tribunal ha dejado claro en varias sentencias que el Gobierno tiene capacidad de veto pero sólo si la iniciativa en cuestión trastoca las previsiones presupuestarias del ejercicio en curso, es decir, que no puede frenar la tramitación de iniciativas si éstas implican reducción de ingresos o aumento de gasto para el presupuesto del año siguiente. Y eso es lo que pretenden que se recoja expresamente en una nueva redacción del artículo 126 del Reglamento del Congreso.

EL TC TIENE UNA SENTENCIA PENDIENTE

De entrada, el Tribunal Constitucional tiene pendientes de sentencia los dos recursos del Gobierno contra las decisiones que adoptó la Mesa del Congreso, desoyendo los vetos del Ejecutivo, de continuar la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE, una sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.

En todo caso, ese articulo de los vetos sólo es el primero que quieren reformar, pues Unidos Podemos considera necesario avanzar en una modificación global de las reglas de funcionamiento de la Cámara Baja, que datan de 1982 y que sólo se han sometido a retoques puntuales.

Por eso han pedido en varias ocasiones verbalmente a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que reúna a la Comisión de Reglamento que ella misma preside para que los grupos puedan ir registrando sus propuestas de cambios.

Tradicionalmente la Comisión de Reglamento sólo se convoca si hay un acuerdo de los grupos para intentar reformarlo. Sin embargo, las dos últimas veces que se intentó fue un fracaso. No lo lograron ni bajo la presidencia del socialista Manuel Marín (2004-2008), ni bajo la del 'popular' Jesús Posada (2011-2015).