Ayudas al coche eléctrico deben ser para crear empleo de calidad, no más beneficios; demandan trabajadores
El sector de la automoción en España está en plena reconversión y los trabajadores no quieren ser los que paguen de nuevo el cambio de modelo de negocio. Este es uno de los factores que explican porqué cinco sindicatos de distintas factorías -incluído el gallego CUT, con representación en Stellantis Vigo, la antigua PSA Citroën- empiezan a unir fuerzas.
El sector de la automoción en España está en plena reconversión y los trabajadores no quieren ser los que paguen de nuevo el cambio de modelo de negocio. Este es uno de los factores que explican porqué cinco sindicatos de distintas factorías -incluído el gallego CUT, con representación en Stellantis Vigo, la antigua PSA Citroën- empiezan a unir fuerzas.
En una reunión celebrada este fin de semana en Zaragoza participaron la CUT, el Sindicato de Trabajadores de Opel (STOPEL) y STM, de la factoría Ford València, ambos pertenecientes a la Confederación Intersindical.; LAB, en Volkswagen Iruñea y Mercedes-Benz Gasteiz; y TU, en Renault en el Estado español. Una de sus principales reivindicaciones es que el maná de los fondos europeos no riegue a las empresas a cambio de nada.
Así, en un comunicado reclaman" vincularlas importantes ayudas públicas asociadas a proyectos estratégicos (PERTE) y fondos europeos de próxima generación para la recuperación postcovid al mantenimiento de la empleo y mejora de las condiciones de trabajo y contratación". Los trabajadores alertan que sus condiciones se han ido empeorando en favor de "un modelo de negocio que genera ganancias millonarias al reducir sistemáticamente las nuestras salarios y precarización de las condiciones laborales".
A nadie se le escapa que las factorías de coches son una de las grandes candidatas a recibir las ayudas de Bruselas. En primer lugar, porque encajan en el cambio de modelo productivo si logran a conseguir los ambiciosos objetivos de desarrollo del coche eléctrico. En segundo lugar, porque son uno de los pocos sectores industriales donde España mantiene una posición importante en Europa y el Gobierno necesita protegerlo.
El problema es que los asalariados temen que el dinero público acabe exclusivamente destinado a una mayor automatización que ya ha servido como argumento para eliminar docenas de miles de puestos de trabajo. Frente a esta sangría, los sindicatos proponen repartir la carga de trabajo y así lograr más empleos y más facilidades para la conciliación familiar, dejando atrás unas jornadas actuales con una carga de trabajo "insoportable".
Está por ver cómo reparte el Gobierno los esperados fondos Next Generation y hasta qué punto los vincula con la generación de empleo de calidad. Los sindicatos, consciente de lo sucedido en pasadas ocasiones, advierten que esta vez no se puede ceder a lo que ven como el habitual "chantaje" de la patronal cuando amenaza con llevarse la producción fuera.
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