La mina de Touro aún está a tiempo de recurrir la denegación y quería operar sin Plan de Accidentes Graves

La resolución de la Xunta de que tumba finalmente la reapertura de la mina, a la que tuvo acceso Galiciapress y que se puede consultar al final de esta noticia, es recurrible antes del 24 de abril

La Administración deniega el proyecto porque dice que Cobre San Rafael quería operar sin plan de Política de Prevención de Accidentes Graves y sin explicar su verdadero tamaño, entre otras deficiencias

Atalaya Mining, que acaba de cambiar de presidente, indica en sus últimas cuentas que está explorando varias vías para recurrir y que está convencida de que la mina saldrá adelante

Plano de la mina y el camino de Santiago

La Xunta de Galicia emitió una resolución que deniega el plan minero gracias a, en buena medida, los informes técnicos desfavorables presentados por Patrimonio Natural y Aguas de Galicia. Al entender de la Consellería de Economía, la resposable de resolver, que estos estudios suponían un impedimento “insalvable” para conceder el visto bueno del Gobierno gallego.

Aguas de Galicia considera que la documentación presentada era “insuficiente y no adeucada para poder emitir, en base a ella, una correcta valoración de todas las posibles afecciones que causaría la ejecución del referido proyecto sobre el medio hídrico”. 

Tampoco la documentación complementaria presentada por Cobre San Rafael colmó las exigencias de Aguas de Galicia, ya que en muchos aspectos fundamentales para su aprobación la empresa no presentaba “ninguna novedad”. 

Cobre San Rafael es la empresa instrumental creada para el proyecto, financiada por la multinacional Atalaya Mining en terrenos de sus socios locales, la familia de Explotaciones Gallegas, propietaria de los terrenos de la vieja mina de cobre.

LA XUNTA VE DEFECTOS, LOS AYUNTAMIENTOS NO PONEN TRABAS

Desde Patrimonio Natural tachaban al proyecto de reapertura de tener un “bajo nivel de concreción” e “indefinición” en cuanto a la afectación estimada y recalcaban la “ausencia” de planes de medidas de contingencia. 

Mientras, los gobiernos locales del PP de Touro y O Pino emitieron sendos informes “sin objeciones distintas del deber de obtener autorización sectorial, aunque realizando consideraciones diversas”.

Tampoco la Declaración de Impacto Ambiental presentada en enero de 2020 obtuvo el visto bueno al “no quedar acreditada la ausencia de efectos significativos sobre el medioambiente”.

SIN POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y “OCULTAMIENTOS”

Por otro lado, destacan las quejas de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que exigía al titular de la exploración, entre otras cosas, un plan de “Política de Prevención de Accidentes Graves”. 

Al margen de las reservas de los funcionarios de la Administración, hay que añadir los estudios de la Federación Ecologista Gallega que incluye la resolución, donde se especifica que la Federación “no consiguió los datos administrativos para valorar las supuestas consecuencias de un proyecto pretendidamente más amplio que el sometido la información pública”.

“Considera que el proyecto de explotación presentado no se corresponde con la explotación pretendida, argumenta fraccionamiento de proyectos debido a la existencia en el entorno de permisos de investigación para sustancias iguales o similares. Alega ocultamiento de la verdadera dimensión del proyecto de explotación pretendido. Mezcla los alegatos con solicitudes de acceso a información ambiental, con menciones a causas de caducidad”, señalan, al tiempo de consideran que no debe autorizarse un proyecto de explotación “sobre una superficie en proceso de restauración” y cuyo daño sobre el medioambiente sería mucho mayor que el realizado en su actividad durante los años 70 y 80.

NO HAY PROBLEMA PARA EL CAMINO, DICE LA XUNTA

El Gobierno de Galicia, sin embargo, sí desoyó en su día los informes del comité asesor de la ONU, ICOMOS, del que no hace mención en la resolución y que advertía de los riesgos que el macro proyecto minero, que podría amenazar tramos del Camino de Santiago y su consideración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Los ruegos de vecinos, grupos ecologistas y trabajadores del mar que denunciaron los efectos que la apertura de la mina podría tener sobre el medioambiente se plasmaron, durante el periodo de exposición pública, en las más de 2.500 alegaciones que recibió la Xunta, muchos de ellas contrarios a la reapertura de la mina por “motivos eminentemente medioambientales”.

“Dificultades de acceso a la documentación digital publicada en la página web de la Xunta de Galicia”, “dudas sobre la empresa responsable del proyecto y de la concesión de explotación”, “que no se debe aprobar el proyecto sin haber aprobado previamente el Plan Sectorial de la Minería” o “ que se tenga en cuenta a función consultiva de las cofradías de pescadores” eran algunos de los muchos alegatos que figuraban en los escritos y que fueron atendidos y defendidos por la Xunta.

FIN DEL PLAZO DE RECURSOS EN NUEVE DÍAS

La resolución, definitiva por la vía administrativa, contempla dos posibilidades para los promotores del proyecto minero. Una de ellas, el recurso potestativo de reposición ante el vicepresidente segundo de la Xunta, ya se ha agotado al expirar el plazo de un mes. La segunda vía, el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está cerca de agotarse, ya que disponen de apenas nueve días si desean realizar este movimiento, ya que desde la publicación de la resolución, el pasado 24 de febrero, restaban dos meses para finalizar el plazo de esta alternativa.

Otra cosa será si Atalaya Mining y Cobre San Rafael deciden reiniciar todo el proceso y presentar otro proyecto. Sin embargo, los reveses judiciales de los últimos tiempos tanto en Galicia como en Andalucía, donde Atalaya opera en la mina onubense de Riotinto, parecen complicar un nuevo proceso, al menos a corto plazo.

Pese a todo, la compañía se resiste a dar por perdida la batalla en Touro y, como afirmaba en su última memoria, el proyecto “satisfará las más rigurosas condiciones ambientales que puedan imponer las autoridades”."Atalaya está evaluando actualmente sus opciones para continuar con el desarrollo del proyecto. Las opciones pueden incluir varios tipos de apelaciones o propuestas de proyectos modificadas para abordar las preocupaciones de la Xunta de Galicia", señala en su último comunicado, donde califica de "clase mundial" su "enfoque" para el proyecto de Touro. Le quedan nueve días para presentar batalla.

Esta es la histórica resolución que da carpetazo a la mina (PDF):

La movilización social fue clave en la denegación, registrándose protestas no solo en la comarca de Compostela, también en la de Arousa, como en esta foto