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Ence presenta un informe exponiendo que "no existe emplazamiento alternativo" a Pontevedra

Acusa a la Dirección General de Costas de actuar como un "régimen bolivariano" ya que "se inventa una interpretación falsa de la ley".

Acusa a la Dirección General de Costas de actuar como un "régimen bolivariano" ya que "se inventa una interpretación falsa de la ley".


El Gobierno apela a
La compañía de energía y celulosa Ence ha justificado este sábado que "no existe emplazamiento alternativo" en Galicia para su biofábrica de Pontevedra con un informe de la consultora "independiente" IDOM.

Así, ha respondido la empresa ante las afirmaciones del candidato del PSOE a la alcaldía de Pontevedra, Agustín Fernández, sobre la existencia de "varios emplazamientos" para una nueva fábrica de celulosa.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que "desde un punto de vista técnico" la consultora "no ve posible" encontrar una ubicación física diferente para la fábrica de ENCE en Pontevedra que cumpla al mismo tiempo "con todos los condicionantes" establecidos.

En este sentido, Ence ha recordado en un comunicado que al suponer la madera y la mano de obra el 61% del coste total de fabricación de la celulosa, si invierte en una nueva fábrica lo haría en un país con estos dos componentes más baratos que en Galicia. Además, este gasto lo llevaría a cabo, "desde luego", en un país que ofreciese seguridad jurídica a su inversión.


RÉGIMEN BOLIVARIANO

"El modo en que la Dirección General de Costas ha actuado es propio de un régimen bolivariano", ha subrayado Ence, ya que, a su juicio, "se inventa una interpretación falsa y manipulada de la Ley y, apropiándose de facultades del Parlamento o del Tribunal Supremo, decide que la ley es ilegal".

Asimismo, según la firma, la Dirección General de Costas ordenó a la Abogacía del Estado a "desdecirse de lo que había defendido hasta entonces" y a "allanarse en tres recursos contra el otorgamiento de la prórroga de la concesión de Ence Pontevedra que ella misma había dado dos años antes, exigiendo inversiones por 61 millones de euros de los que se han ejecutado más de dos terceras partes".

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