​Sito Miñanco y otros 29 detenidos en la 'Operación Mito' declaran en la Audiencia Nacional

La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, toma declaración este miércoles al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco y a otros 29 miembros de la red que lideraba, detenidos este lunes en el marco de la 'Operación Mito', según informan fuentes jurídicas.

Estaba previsto que la jueza que ha dirigido el operativo tome declaración a otro detenido desde el hospital donde permanece ingresado tras haber recibido un disparo durante el dispositivo policial de este lunes.

Hasta el momento se han detenido un total de 37 personas y se han intervenido 300.000 euros, embarcaciones rápidas, coches de alta gama y dos pistolas en un total de 45 registros, según ha informado la Policía Nacional, que precisa que la operación sigue abierta a la espera de practicar más detenciones. Los arrestos y registros se han llevado a cabo en Algeciras, Sevilla, Marbella, Linares, Barcelona, Madrid y Galicia.

Fuentes policiales añaden que se han inmovilizado numerosas cuentas bancarias y se han localizado varios inmuebles relacionados con la organización liderada por Sito Miñanco, que vivía en semilibertad tras cumplir tres cuartas partes de una condena de 16 años y 10 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional en 2015.

4.000 KILOS DE COCAÍNA

La jueza que ha dirigido la investigación relata en el auto por el cual acuerda las detenciones y los registros que la red que dirigía Sito Miñanco intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores.

La banda empleó fuertes medidas de seguridad para evitar que la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaran sus movimientos, que solían producirse en planeadora desde la Ría de Arousa, lugar utilizado como vía de salida de los astilleros de O Facho.

En ese sentido vigilaban de cerca el helicóptero de Aduanas, tenían a su disposición un grupo de personas distribuidas por la costa para alertar sobre la presencia policial y además disponían de contactos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que facilitaban información si se actuaba contra la red.

Además contrataron servicios de especialistas que instalaron un sistema de comunicaciones en las lanchas y les suministraron teléfonos que permitían encriptar las comunicaciones, las cuáles se efectuaban siempre con alias para evitar dar su verdadera identidad.