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La polémica gira en torno a un proyecto para construir una granja porcina con capacidad para 1.900 cerdos en la zona de A Retorta. Los vecinos, representados por la asociación Agro da Pena da Vila, se oponen debido a preocupaciones sobre la contaminación del agua, la calidad del aire, los olores y la devaluación de sus propiedades. El Ayuntamiento, liderado por el alcalde José Ángel Santos, sostiene que el proyecto tiene todos los informes favorables de las consellerías de Medios Rural y Ambiente, así como de la Confederación Hidrográfica, y que denegar la licencia sería prevaricar.

La situación financiera de Nueva Pescanova, en manos de Abanca, y los recelos del Gobierno canario en torno al proyecto, así como la oposición de grupos ecologistas y de parte de la comunidad científica dificultan la apertura de esta planta pionera.