En concreto, analizará las subvenciones otorgadas a formaciones con representación en el Parlamento autonómico. Así, se comprobará el cumplimiento de la legalidad en materia de financiación asociada a ingresos y gastos electorales de los comicios autonómicos de 2024.
El órgano fiscalizador reprende al Gobierno por seguir usando para gastos comunes fondos destinados a imprevistos.
Son sobre todo mancomunidades, pero también concellos, que no rindieron cuentas entre los años 2013 y 2015.