Amigas de la Tierra, Ecologistas y SEO/BirdLife rechazan los proyectos mineros estratégicos aprobados por la UE

Las ONG lamentan que el Gobierno no haya vetado proyectos "que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes"

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han criticado los siete proyectos elegidos en España por la Comisión Europea para su lista de 'proyectos estratégicos' publicada bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales "para acelerar la obtención de minerales considerados estratégicos para la transición energética y digital y otras industrias como armamento".

En concreto, han denunciado que se han seleccionado minas "con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas" como las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz) y proyectos "con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos" como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real).

Entre otras cuestiones, han recordado que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros. Además, han incidido en que la mina de Las Cruces acumula "más de 6,5 millones de euros" en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana.

Por otro lado, las ONG han puesto el foco en que entre los proyectos españoles seleccionados sólo hay uno de reciclaje de minerales y ninguno de substitución. "España es, de hecho, el país europeo con más proyectos extractivos a los que se ha concedido la categoría de estratégicos (siete en total)", han denunciado, y han añadido que, a su juicio, esto confirma "el papel de zona de sacrificio atribuido a la Península Ibérica".

Por ello, las organizaciones han demandado una revisión "inmediata" de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ninguno con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas.

Asimismo, han reclamado un giro a las políticas sobre materias primas minerales para priorizar la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, así como que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno.

LAS ONG LAMENTAN QUE EL GOBIERNO NO HAYA VETADO ESTOS PROYECTOS
Las ONG ecologistas han lamentado que el Gobierno no haya utilizado su capacidad de veto para excluir proyectos "que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes" y han recordado que en diciembre de 2024 Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de la Minería y otras entidades europeas ya pusieron en conocimiento del Gobierno español y la Comisión Europea un análisis de impactos de los proyectos mineros "estratégicos".

Asimismo, han hecho hincapié en la "opacidad" del Ejecutivo español y de la Comisión Europea durante el proceso de selección, así como la "exclusión" de las poblaciones potencialmente afectadas. Para los activistas, esta falta de transparencia supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental, del que España es parte.

A su vez, han alertado sobre el hecho de que los proyectos podrán considerarse "de interés público superior", debilitando la aplicación de normas ambientales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. "Una parte muy importante de los yacimientos de los llamados "minerales críticos" se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000", han advertido.

En líneas generales, han avisado de que las actuales políticas sobre minerales críticos ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas. A su vez, tampoco resuelven sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países.