CERMI insta a CC.AA a adaptar normativas para que cuestiones de autonomía y dependencia pasen a la jurisdicción social

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a las comunidad autónomas a que adapten su normativa a la legislación procesal estatal, para que las controversias judiciales sobre autonomía y atención a la dependencia pasen a la jurisdicción social.

En concreto, el CERMI ha asegurado que Extremadura, Madrid, la Región de Murcia y Andalucía "siguen manteniendo en su normativa o en su práctica administrativa la jurisdicción contenciosa como competente".

En este sentido, ha explicado que el Real Decreto ley del 19 de diciembre de 2023 modificó los literales n) y o) del artículo 2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, "en el sentido de transferir a la jurisdicción social el conocimiento de los litigios en materia de dependencia, con efectos de 20 de marzo de 2024". "Desde esta fecha, todas las controversias en este ámbito (aplicación de la Ley 39/2006) han de solventarse ante los juzgados de lo social, no en los de lo contencioso", ha añadido.

Así, ha recordado que el cambio de jurisdicción -de lo contencioso a lo social- en la legislación procesal estatal fue consecuencia de una demanda del CERMI al Legislador. Para la entidad, "era incongruente y perjudicial para las personas beneficiarias de la Ley 39/2006 que una materia social estuviera atribuida al orden contencioso más rígido, lento y oneroso".