Nace ASGADeD en defensa del sistema público de dependencia: "Beneficios y cuidados son términos que casan mal"

Esta mañana en Santiago de Compostela tuvo lugar un alumbramiento, el de la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD), una plataforma que aglutina a organizaciones e individuos que defienden una mejor asistencia en el sistema gallego de dependencia en un momento en el que existe “un vacío” en este sentido y que apuesta por “avanzar en la construcción de un fuerte movimiento social amplio, plural y transversal, que movilice la sociedad gallega y que exija a las administraciones públicas un compromiso real”. 

“NOTICIAS NAVIDEÑAS”

La puesta de largo de la organización llega en un contexto en el que los últimos titulares que ha dejado el Ejecutivo de Alfonso Rueda no han hecho más que soliviantar el ánimo de trabajadores, usuarios y familiares. Nombradamente, los afectados señalan anuncios como el de la Consellería de Política Social para suprimir la obligación de contar con personal de enfermería 24 horas en las residencias de más de 40 plazas y alcanzar solo la media decena de enfermeras en residencias por encima de las 170 plazas. Un anuncio que llegó en Navidad, para que el debate no tuviese lugar en esas fechas, y, señalan los colectivos, "sin discutirlo con el sector". 

Desde ASGAGeD denuncian que esta propuesta "precariza la calidad en la atención de las personas dependientes" y no clarifica cómo se suplirá las ausencias. De igual modo, para la nueva organización la iniciativa de la Xunta para unificar el procedimiento de valoración del grado de dependencia y la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA) a fin de "reducir las listas de espera" tuvo un efecto contrario, aumentando todavía más el tiempo de espera, superior al año de media. 

Pese a eso, desde principios de enero la Xunta ha puesto en marcha un nuevo sistema para la "unificación de procedimientos, en este caso de dependencia y la discapacidad", medida muy criticada por los colectivos considerando que esto se realiza "sin ampliar los equipos de valoración, sin abordar en profundidad la falta de personal, simplemente prorrogando los contratos de los equipos de refuerzo". 

“Es claramente insuficiente”, critican, al tiempo que aseveran que las proyecciones a corto plazo dibujan un escenario en el los equipos deberían estar ya consolidados, pero en su lugar se encuentran con personal todavía en formación. “Avanzando en la privatización, se abre la posibilidad de conveniar la realización de los informes de salud con mutuas privadas en lugar de reforzar con profesionales sanitarios los centros de salud”, añaden, al tiempo que puntualizan que, en este orden, también se ha eliminado la obligatoriedad del Informe Social, “un retroceso claro en los derechos de la ciudadanía” al ser este clave para una “correcta valoración de la dependencia” e impedirá un “seguimiento continuo” de los casos.

“¿Cómo puedes pedirle a una persona en esta situación que use un asistente virtual?”, cuestionan, considerando que muchas son personas mayores y que sufren las consecuencias de la brecha digital. Mención aparte merece la que han denominado “la paguita”, una “limosna” según el colectivo anunciada por la Xunta y de la que, según el Gobierno de Galicia, podrían beneficiarse unos 2.700 dependientes. 

Sin embargo, de esta ayuda, anunciada en 2023 y de nuevo pregonada por la Xunta para su presumible aplicación inmediata, todavía se desconoce el importe y el control de la misma. “Esperamos que esta paguita sea sustancial y que no se trate de una estrategia para blindarse ante la posibilidad de reclamaciones de los usuarios por las desatenciones actuales, muy por encima de los seis meses que marca la ley”, valoran desde ASGADeD, que recuerda la cantidad de litigios que hay ahora mismo pendientes de resolución tanto en los juzgados de los social como por la vía contencioso administrativa. 

Con todos estos ingredientes, el médico jubilado Francisco Vázquez y una cuidadora no profesional, Margarita Prieto, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural de esta organización que tiene como objetivos revertir el “sistema de beneficencia de bajo coste” en el que se ha embarcado la Xunta de Galicia y que, a su juicio, es contrario a la actual Lei de Dependencia del Sistema Público Galego de Dependencia. 

En esta línea, Vázquez criticó que la administración pública no apueste por fortalecer el Servizo de Atención no Fogar (SAF) en lugar de más concesiones de la Prestación Económica de Coidados no Entorno Familiar (PECEF), un mecanismo por el que perpetúan la “discriminación de género”, al ser sobre las mujeres las que, de manera mayoritaria, recaen los cuidados de familiares y personas dependientes o con discapacidad. De esta manera, a su entender, desde la Xunta han priorizado los costes, siendo el SAF más caro de mantener. 

¿QUIÉN GESTIONA LAS RESIDENCIAS DE TITULARIDAD PÚBLICA?

La ausencia de residencias públicas, fechando la apertura de la última en 2007, es otro de los elementos prioritarios que motivan el nacimiento de la organización, viendo como el negocio de los cuidados se está desarrollando en Galicia a costa de los usuarios que pagan “más de 3.000 euros al mes” por plazas en residencias de firmas geriátricas como DomusVi. 

Ejemplos en esta deriva privatizadora los encontramos en las residencias donadas por Amancio Ortega a la Xunta y sobre las que el Gobierno de Galicia concedió la gestión privada, o la propuesta para que el futuro Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense, pendiente de abrir sus puertas tras muchos retrasos, no sea de gestión pública y sea adjudicado a razón de 14 millones en tres años, hecho que provocó una fuerte movilización en la ciudad termal la pasada semana. 

Consultados por Galiciapress por este proceso privatizador, y considerando que la tasa de envejecimiento de la población en Galicia es cada vez mayor y que en los próximos años el de los cuidados puede ser un asunto de mucha más relevancia, desde la plataforma subrayan que la Xunta tiene “muchas estrategias” para “jugar al equívoco”.

“Sabemos que las residencias son de titularidad público privada, pero más importante que eso es la gestión. ¿Quién gestiona en el día a día un centro sociosanitario? Es mucho más importante, porque si el objetivo fundamental es ganar dinero es muy distinto a prestar unos cuidados de calidad”, incide Vázquez.

“Beneficios económicos y cuidados son dos términos que casan mal. La prioridad tiene que estar en la calidad de los cuidados, no en los beneficios”, recela el galeno, recalcando que en muchos casos detrás de esas grandes firmas hay fondos buitre que aplican políticas de “maximización de beneficios”. “Apostamos por un sistema de inversión pública para la titularidad, propiedad, gestión y provisión plenamente público. Debemos crear un sistema de dependencia pública importante. El ejemplo lo tenemos en el SERGAS, debemos tener una estructura de servicios sociales, pero la Xunta no parece tener intención al respecto”, censura.

“EMPIEZA A DESPERTAR”

Por otra banda, desde el colectivo, que aspiran a que el Estado abandone la política de infrafinanciación, ya que destina a los servicios sociales solo un 0,8% del PIB, la mitad de la media de la UE y muy por debajo del 3% de países nórdicos, que son el ejemplo para ASGADeD, consideran que a día de hoy no existe una gran movilización social, en gran medida por la ausencia de organizaciones como esta que sean el nexo entre los ciudadanos y las administraciones capaces de vertebrar las protestas. 

Prieto insiste en que “no es un favor que nos hacen, es un derecho”. “Si mañana mi hijo no tiene plaza en un colegio puedo encontrar fórmulas para organizarme. Si me dicen que mi hijo está diagnosticado de autismo o tengo una persona mayor vulnerable tengo que encargarme yo, pese a mi situación de vulnerabilidad. Y a lo mejor no soy capaz de sacarlo adelante. Ya no es decir tener ánimo para pelear, sino que no sé cómo muchas familias, porque realmente son admirables. Hablamos de situaciones que son de las peores que puedes pasar y quieres olvidarlo, pero el machaque y la violencia institucional que muchas veces sufrimos es terrorífico. Nos tratan como a objetos, no como personas. Muchas veces lo que menos capacidad tienes a nivel emocional es la de pelear, por eso es importante arroparnos y con esta asociación poder ayudarnos unos a otros”, explica. 

A renglón seguido, reprueba a la Xunta por no informar debidamente a los afectados de las ayudas que están disponibles ni de los recursos a los que pueden acudir las familias. Con todo, Vázquez agrega que “la sociedad está despertando” y que hoy asuntos como las polémicas en torno a las residencias DomusVi son de actualidad y sobradamente conocidas por la población en general. 

“Cualquier cuñado sabe ya lo que es DomusVi. El tema está empezando a coger fuerza. Queremos arrimar el hombro para que esta fuerza sea mayor”, concluye, recordando a todos que “en un momento u otro, de manera directa o indirecta, a todos nos va a tocar ser dependientes”.