La Cámara gallega pide el traspaso a Galicia de las cotizaciones por formación profesional que realizan los autónomos

El Parlamento de Galicia ha aprobado este jueves una proposición no de ley del Grupo Popular, con el voto en contra del PSdeG y la abstención del BNG, a través de la que se pide al Gobierno que transfiera a la Xunta las cotizaciones por formación profesional que realizan los trabajadores autónomos que tributan en el IRPF.

De ello ha informado el PP en un comunicado, en el que señala que esta medida "no solo se alinearía con las competencias ya asumidas por la Administración gallega, sino que permitiría una gestión más próxima, adaptada y útil de unos fondos que actualmente no cumplen su finalidad", ha indicado la portavoz popular de Emprego Noelia Pérez.

En su intervención, durante la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, ha explicado que en Galicia cotizan a la Seguridad Social por formación alrededor de 160.000 autónomos, lo que supone una aportación de más de 1,8 millones de euros. "Con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, cambió la situación y todo aquel que estuviese dado de alta en el año anterior en el RETA estará obligado a presentar la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria", ha indicado.

De este modo, tal y como ha indicado el PP, ha apuntado que, en la actualidad, el Estado recauda más de 6,5 millones de euros por este concepto de los autónomos gallegos que "no se está invirtiendo en formación". "Entra dentro de la lógica que la Xunta gestione ese 0,1 por ciento de las cotizaciones por formación profesional de las personas autónomas gallegas que tributan en el IRPF, porque es la Administración más adecuada para gestionar estos fondos, ya que está en contacto directo con las necesidades del territorio y tiene experiencia en la planificación y en la ejecución de políticas formativas", ha manifestado.

Por otra parte, en la sesión, ha sido acordado por unanimidad, a raíz de una iniciativa del PSdeG, instar a la Xunta a presentar antes del 31 de marzo de 2025 la evaluación de las acciones marcadas a corto plazo y que tenían que ser desarrolladas antes de finales de 2023 en el marco del Plan Obesidade Zero en Galicia.

Además, se pide que presente antes de del 31 de marzo de 2026 la evaluación de las medidas a medio plazo que deben de ser desarrolladas antes de finales del 2025 en el marco de este plan.

La proposición no de ley ha sido defendida por la diputada socialista Elena Espinosa, quien, según ha informado el PSdeG en otro comunicado, ha pedido un mayor esfuerzo por parte de la Xunta para frenar el problema de la obesidad en Galicia, una de las comunidades con peores cifras de exceso de peso en España.

La iniciativa, conforme han indicado, busca garantizar que el Plan Obesidad Cero cumpla con los objetivos marcados y que los resultados sean evaluados de forma clara y transparente.

"Seis de cada diez gallegos tienen sobrepeso o obesidad, y eso no es solo un problema de salud, es un reto como sociedad. No podemos mirar hacia otro lado ni conformarnos con planes que quedan en el papel. Necesitamos acciones que de verdad mejoren la vida de la gente", ha señalado Espinosa.