TSXG confirma la condena a la Xunta por vulnerar el derecho a la igualdad de un trabajador en una oferta de empleo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo que condenó a la Xunta a pagar 9.000 euros de indemnización a un trabajador por vulnerar su derecho fundamental a la igualdad en la convocatoria de la adscripción temporal de un puesto.

En concreto, en su día el juzgado condenó al Gobierno gallego a indemnizar a un trabajador laboral indefinido no fijo de la Consellería de Medio Rural el cual se postuló a un proceso de adscripción temporal para un puesto de operador codificador de datos, del cual fue excluido.

Así, el hombre interpuso la demanda, alegando discriminación en la convocatoria para la adscripción temporal de dicho puesto en el distrito forestal de Lugo-Sarria. Según el criterio administrativo, fue excluido del proceso selectivo por su condición de indefinido no fijo, dando preferencia a un trabajador fijo.

Ahora, el TSXG confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, considerando que no se justifica la diferencia de trato entre trabajadores fijos e indefinidos no fijos.

"No constando justificación objetiva y razonable, con independencia de que los criterios interpretativos contenidos en la Instrucción de 2021 y aclaratoria sean previos a la convocatoria, del trato diferenciado al personal laboral fijo y al indefinido no fijo en el acceso a las adscripciones provisionales, sean a puestos vacantes con o sin reserva, y no apreciando que la sentencia de instancia haya incurrido en las infracciones denunciadas, el recurso ha de ser desestimado", recoge la sentencia.

Por ello, ha desestimado el recurso interpuesto por la Xunta, confirmando la sentencia, que todavía puede ser recurrida por las partes.

Por su parte, el sindicado CSIF ha celebrado este fallo, calificándolo en un comunicado de "nuevo éxito judicial" de los servicios jurídicos.

Para CSIF, la reiteración de este tipo de condenas a la Xunta "evidencia que desde la Administración se está incurriendo en una política de prácticas discriminatorias que no se ajustan a la legalidad y que no solo son lesivas para los empleados públicos sino para todos los ciudadanos, en tanto están afectando a las arcas públicas, al tener que asumir las indemnizaciones correspondientes".