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La Academia de Seguridade Pública convoca una jornada jurídica sobre la ocupación ilegal de inmuebles el 2 de diciembre

La resolución subraya que la problemática "surge" porque el derecho constitucional a tener una vivienda digna no siempre se cumple

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La resolución subraya que la problemática "surge" porque el derecho constitucional a tener una vivienda digna no siempre se cumple

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), adscrita a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha convocado para el próximo 2 de diciembre una jornada jurídica sobre la ocupación ilegal de inmuebles que está destinada a personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en Galicia.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la resolución de la convocatoria de esta jornada, en la que se incide, entre otras cuestiones en que, aunque la Constitución reconoce que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda "digna y adecuada" y los poderes públicos deben promover las condiciones para hacerlo "efectivo", la "realidad" es "bien distinta".

Así, se constata que "no todas las personas pueden disfrutar de una vivienda digna y apropiada" y, ante esta problemática, "surgen fenómenos como la ocupación ilegal de inmuebles".

Con esta jornada, apunta la resolución se pretende analizar la situación actual y estudiar las distintas casuísticas que se presentan en el día a día.

También aportar soluciones "eficaces", como la importancia de la adopción de medidas cautelares de expulsión del inmueble por parte del juez/a de instrucción, para que se produzcan los mínimos perjuicios posibles.

JORNADA
La jornada de formación, modalidad 'online', oferta 200 plazas y transcurrirá entre las 9.00 y las 14.00 horas con dos ponencias, una que abordará 'El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles y la adopción de medidas cautelares' y otra sobre 'La problemática de la Okupación: casuísticas, bienes afectados y su relación con otros delitos'.

Los ponentes serán, según publica en su web el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Vicente Magro Servet, magistrado de lo Penal en el Tribunal Supremo (TS), y el abogado Pablo Franco Otero.

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