Piden 10 años de cárcel para siete nigerianos acusados de tráfico de personas y prostitución

El grupo se dedicaba a traer a España a personas sin recursos de Nigeria, a los que engañaban prometiéndoles una vida mejor

La Fiscalía pide más de 10 años de cárcel para un grupo de siete nigerianos que se dedicaban a traer a personas sin recursos de Nigeria, prometiéndoles trabajo y una vida mejor. Se les acusa de delitos de tráfico de personas y explotación sexual, entre otros.

El caso, que procede del Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago, se juzgará los próximos días 12, 13, 14 y 15 de noviembre, a las 9.30 horas, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los siete acusados desarrollaron "de forma sostenida a lo largo del tiempo, de forma coordinada y con ánimo de lucro", actividades relacionadas con la inmigración irregular de personas procedentes de Nigeria, aprovechando distintos modos de lucrarse.

Entre ellos, facilitar e incluso ejecutar materialmente el traslado de estas personas desde países intermedios con destino España; proporcionales alojamiento; facilitarles documentos con los cuales ofrecer una imagen de legalidad y así integrarse en el mercado laboral u obtener beneficios sociales (sean documentos reales de alguno de los acusados o de terceras personas, sean documentos fabricados fraudulentamente).

También inducirlas a ejercer la prostitución; conminarlas a pagar la deuda en la que habrían incurrido en el proceso de traslado a España; recaudar esos pagos y enviar ese dinero fuera de España.

"Los acusados se conocen entre sí, reparten sus papeles a lo largo del proceso, y todos obtienen parte del lucro que procede de la explotación de sus compatriotas", afirma la Fiscalía.

TRES TESTIMONIOS, UNO DE ELLOS, PROTEGIDO
El escrito recoge testimonios de tres testigos, uno de ellos protegido. Se trata de una mujer natural de Benin City, Nigeria, donde vivía en condiciones muy humildes, con grandes dificultades económicas para subsistir en el día a día, con un único familiar cercano (su abuela).

Movida por la necesidad, buscó la protección de un hombre mayor que la agredió sexualmente, quedó embarazada y tuvo que interrumpir el embarazo. Trabó contacto con otro hombre que le prometió una vida mejor en Europa, diciéndole que él también quería viajar. En un primer intento de realizar el viaje fue llevada a Togo, donde conoció a su primer proxeneta, una mujer que le exigía prostituirse para conseguir el dinero necesario para proseguir el viaje. Como la testigo resultó no ser rentable, le permitieron regresar a Nigeria.

Allí contactó de nuevo con personas que le ofrecían trasladarla e inició el viaje en julio de 2016, por tierra hasta Libia, atravesando Nigeria y Níger. No consta quiénes ejecutaron los pasos previos del traslado irregular de la víctima, pero los acusados que estaban en España sabían de la situación de la víctima y se pusieron en contacto con ella para traerla a España.

Concretamente, una de las acusadas la llevó hasta su propia casa (un piso situado en Madrid, vivienda que era de dos de los acusados), adonde llegaron a finales de octubre de 2016. "Acompañarla en el trayecto y alojarla en su propia casa les facilitaba tener el control sobre la víctima. Les proporcionaba el argumento de que ella estaba en deuda con ellos, al tiempo que evitaban que entablara contacto con terceras personas. Gracias a este contexto de control fáctico, allanaban el camino para, llegado el momento oportuno, hacerle ver que su única salida era dedicarse a la prostitución, y que con el dinero que ganara podría saldar la deuda con ellos", alegan en el escrito.

Una vez instalada con ellos en un piso situado en Móstoles le comunicaron que la deuda en que había incurrido ascendía a 25.000 euros, y le hicieron ver que sabían que en Nigeria había dejado a una abuela. Este dato intimidó a la víctima. Los acusados le dijeron que tenía que ponerse a trabajar para pagarles.

A esta casa acudían con frecuencia otros nigerianos, entre otro de los acusados, en quien la víctima empezó a confiar. De hecho inició con él una relación de pareja. Este, en connivencia con los anteriores, le hizo ver que las opciones que tenía para salir adelante eran la mendicidad y la prostitución y durante un tiempo la víctima estuvo mendigando en la parada de metro de Nuevos Ministerios.

La víctima se fue a vivir con el acusado y, creyéndose libre, dejó de pagarle a la otra acusada. Esta consiguió recuperar el control sobre la víctima a través de emisarios que contactaron con la abuela en Nigeria, advirtiéndole de que debía seguir pagando para evitar problemas.

Fue entonces cuando la acusada le habló de la posibilidad de trasladarse a A Coruña, viaje que efectuó en autobús en julio de 2017. Comenzó a vivir con su otra de las acusadas y un bebé de ésta en una habitación. En A Coruña se quedó unos seis meses aproximadamente, durante los que ejerció la prostitución en el club DJ para obtener dinero con el que pagar la deuda en cuestión, por miedo a que hiciesen algo a su abuela.

DELITOS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN
El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; un delito de trata de seres humanos; y un delito relativo a la prostitución y a la explotación sexual, con la agravante específica del grupo criminal del

Además, señalan que los delitos de trata y prostitución concurren en concurso medial con delitos de integración en grupo criminal; de estafa; y delitos de falsificación de documento oficial y público.

Por todo ello, piden un año de cárcel para los acusados del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; y 11 años de cárcel por trata y prostitución para la pareja acusada, así como 10 años de prisión para otros cuatro acusados.

Por el delito de prostitución y explotación sexual piden también cuatro años de prisión para otra acusada, mientras que por lo delitos de estafa y falsificación documental solicitan piden entre un año y un año y medio de cárcel.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicitan que a la testigo protegida se le indemnice con 4.000 euros por las cantidades que fue entregando y con 18.000 euros por daños morales; a la segunda víctima, 300 euros por la cantidad pagada y 1.000 por daños morales; y a la tercera, otros 1.000 euros por daños morales.