El miércoles comenzará en Santiago el juicio por la tragedia del tren Alvia

El próximo miércoles 5 de octubre arranca el juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia española, el del tren Alvia, que hace nueve años y más de dos meses provocó 80 muertos y 145 heridos en el barrico compostelano de Angrois.

Casi una década después, se sentarán en el banquillo de los acusados el maquinista del tren y el exdirector de seguridad de Adif, a los que la justicia les imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave.

Teniendo en cuenta el número de partes personadas en la vista, la Xunta de Galicia ha habilitado un amplio dispositivo en la Cidade de Cultura, con el objetivo de favorecer tanto a presencia de los interesados como la cobertura informativa.

Fiscalía pide cuatro años de prisión para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif, al igual que la plataforma que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente.

El Ministerio Público demanda que el maquinista, Franciso Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, Andrés Cortabitarte, sea inhabilitado también durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.

El abogado que defiende a Francisco Garzón, el maquista del tren accidentado, solicita la libre absolución, al entender que "la clave" para que se produjera el siniestro está en la "carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad" en la línea entre Ourense y Santiago.

Garzón estuvo de baja por accidente laboral dos años: desde que se produjo la trajedia, en 2013, hasta el 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Actualmente, se ha prejubilado.

Por otra parte, rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea, desde 2006 hasta 2013, cuanto tuvo lugar el accidente.

Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.
 

UNA LARGA INSTRUCCIÓN

En abril del año pasado, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificaba el cierre de la instrucción por parte del juez Andrés Lago Louro, que heredó la causa de Luis Aláez, quien en su día imputó a la cúpula de Adif.

Lago Louro dio por primera vez carpetazo a esta larga investigación, con múltiples retrasos, en octubre de 2015, haciéndolo con el maquinista como único imputado. No obstante, los magistrados de la Audiencia le marcaron otro camino y en diciembre de 2018 volvió a cerrarla ya con Garzón y Cortabitarte como presuntos responsables.

Una denuncia de un extrabajador de Talgo obligó posteriormente a reabrir la causa, que el instructor concluyó, ya de manera definitiva, en septiembre de 2020. De julio de 2021 es el auto de apertura de juicio oral.
 

LA DEFENSA DE GARZÓN Y LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA

Según las declaraciones del abogado de Garzón, Manuel Prieto, señala que confía en que "se aclare toda la verdad" y "se determinen las causas del accidente". "Que era una línea carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad es la esencia y la causa principal", subraya.

Prieto presentó escrito de defensa en la que pide la libre absolución de su representado y aspira a que esta solicitud pueda mantenerse tras la celebración del juicio de manera definitiva.

Jesúz Domínguez, portavoz de la asociación de víctimas, hace hincapié en que lo que buscan es "que la gente conozca la verdad" de los sucedido, "a mayores de depurar responsabilidades".

Este lunes se concentran ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, "por sus mentiras y maniobras de ocultación", después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja adivirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la "gravedad" de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español.
 

EL MIÉRCOLES ARRANCA EL JUICIO

El juicio dará comienzo este próximo miércoles, 5 de octubre, a las 9:30 horas con la práctica de la acción penal, la cual está previsto que finalice el 10 de febrero de 2023, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Para los tres primeros días, 5, 6 y 7 de octubre, está prevista la declaración de los dos acusados, además del desarrollo de las cuestiones previas.

El inicio de la práctica de la acción civil está señalado el 14 de febrero de 2023. A partir de entonces, el 14 de febrero, se reservan los martes, miércoles y jueves para la prueba documental, las conclusiones y los informes. Todas las sesiones comenzarán a las 9:30 horas.

En este juicio declararán una media de 15 testigos al día y tres testigos/peritos por sesión, hasta un total de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos, que han sido admitidos por el juzgado.

Algunas partes como el QBE y el abogado del maquinista presentaron amplicación, a modo de actualización, de sus informes periciales durante los últimos meses.

El TSXG ha señalado que, en la mayoría de los casos, una intervención por día de cada uno de los peritos que testificarán en la acción penal debido a la amplitud y complejidad de sus informes. En cuanto a la acción civil declararán entre cinco y diez por sesión.

María Elena Fernández Currás, magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, es la responsable de la preparación y celebración del juicio oral, así como la encargada de dictar sentencia.

En total, hay 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Hay además 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá, en su caso, el Ministerio Fiscal.

Estos datos que precisa el TSXG fueron recogidos cuando las partes presentaron sus escritos de calificación. Es decir, antes del auto de apertura de juicio oral, sin perjuicio de que en los últimos meses se haya producido algún desistimiento.