CC.AA del PP se oponen a que Cataluña y País Vasco queden fuera del reparto de menores migrantes

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han opuesto este viernes a que Cataluña y País Vasco queden excluidas del acuerdo entre Gobierno y Canarias para repartir a menores migrantes no acompañados. Si bien, el Ministerio de Juventud e Infancia ha recalcado que todas las autonomías van a entrar, aunque se tendrá en cuenta el esfuerzo previo de cada una de ellas.

Así lo han puesto de manifiesto este viernes las comunidades tras la reunión de este jueves entre la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente canario, Fernando Clavijo. En el encuentro, que tuvo lugar en el Ministerio, fijaron los criterios para repartir a 4.400 menores migrantes (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta), que, según Sira Rego, son "prácticamente los mismos" que los que se aprobaron de forma unánime en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas en 2022: población, renta per capita, paro, esfuerzo y dispersión población.

En este sentido, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno central que no utilice "como moneda de cambio" a los menores migrantes para "pagar peajes" a los independentistas.

Fuentes del Gobierno regional han asegurado que no tienen ninguna información sobre el reparto. En todo caso, el consejero espera que la posibilidad de que Cataluña y País Vasco se pudieran quedar fuera del acuerdo "no sea verdad" porque considera que eso sería "una vez más, volver a estar en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución española".

Igualmente, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar a los inmigrantes "como mercancía" para "negociar y seguir unos meses más en la Moncloa". "Estamos todos atónitos con la noticia que, de momento, solo hemos leído y hemos visto a través de los medios de comunicación, y creo que esta es la primera barbaridad", ha señalado.

En la misma línea, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado el "oscurantismo" del Gobierno central respecto al reparto de menores migrantes y ha asegurado que es "muy difícil" opinar sobe el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario porque "no lo conoce". "Parece ser que alguna comunidad autónoma debe saber algo porque se empieza a decir que podrían quedar excluidas de algo que nos atañe a todas las demás. El Gobierno ha hecho mal las cosas desde el principio en esta materia", ha afeado.

Por parte del Gobierno de Cantabria, la presidenta cántabra, María José Sáenz, se ha opuesto "rotundamente" a los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados y a que sean fruto de la "imposición".

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha dicho que el Govern balear no aceptará "en ningún caso" el reparto de menores migrantes no acompañados y ha considerado que es "una broma de mal gusto" incluir al archipiélago balear en la lista de los que los acogerán. "Excluir a Cataluña y País Vasco y no a Baleares sería un insulto", ha aseverado.

Además, a su parecer, las Islas tienen "muchas más razones objetivas" para ser excluidas del reparto de menores puesto que los centros de acogida están "sobresaturados" y la comunidad está "al límite" en este sentido.

Por parte de La Rioja, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha señalado que la comunidad esperará a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, "el organismo en el que se llega a acuerdos", para pronunciarse al respecto de la acogida de menores migrantes. "Es un tema muy serio y muy delicado en donde cada día vemos ocurrencias o rumores diferentes y nosotros preferimos trabajar con seriedad", ha añadido.

Asimismo, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado como "nuevo agravio a Andalucía" el acuerdo entre el Gobierno y Canarias para el reparto de menores migrantes. Además, ha criticado que "hay comunidades autónomas que tiene privilegio y a las que no les afecta este pacto".

Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha afirmado que el Ministerio de Infancia ha trasladado que "no hay exclusión de ninguna" parte del territorio nacional en los criterios de distribución de menores inmigrantes no acompañados acordado con Canarias. Además, ha resaltado que pensar en dejar fuera del mismo a Cataluña y País Vasco es negar la posibilidad de llegar a un acuerdo. "No creo que ni Cataluña ni el País Vasco se pueden excluir, esto si realmente alguien está pensando en eso, es tanto como negar la posibilidad de una solución", ha subrayado.

También el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha asegurado que su Ejecutivo analizará el reparto de migrantes propuesto por el Gobierno "con cautela" aunque ha matizado que la región "es una tierra de acogida".

Por el contrario, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha defendido que los criterios para la distribución de menores migrantes acordados han sido establecidos a partir de razones "académicas", no "políticas", y que son "justos y equitativos con la situación actual" de las comunidades autónomas.

CLAVIJO ASEGURA QUE "NO HAY NINGÚN ACUERDO PREVIO" CON PNV Y JUNTS
Finalmente, Clavijo ha asegurado este viernes que no existe un acuerdo previo con el PNV y Junts para dejar fuera del reparto de menores migrantes no acompañados a País Vasco y Cataluña. "No hay ningún acuerdo previo. O sea, vaya por delante que no hay ningún tipo de acuerdo", apostilló para agregar que lo acordado han sido unos criterios de distribución en relación a una serie de variables.

De todos modos, el presidente canario ha manifestado que se han acordado los criterios pero "no se ha hecho la simulación" aún de la distribución entre las comunidades autónomas y ha agregado que queda la reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para garantizar la "financiación suficiente", y a partir de ahí el decreto o proposición de ley "estará terminado".