Enfermeras de residencias públicas alertan que casi de la mitad está de baja y muchos huyen a otros empleos

“Estamos realmente abandonados. Tras la pandemia, nuestro trabajo y las necesidades de las personas en las residencias han quedado en el olvido”, expresó Xan Carlos Ansia, delegado del comité de empresa de Política Social en la provincia de A Coruña y trabajador en la residencia Volta do Castro en Santiago. Según Ansia, hasta un 40% del personal en su centro se encuentra de baja debido a la sobrecarga laboral, lo que obliga a muchos a buscar empleo en el Sergas, el sistema público de salud, o en otros sectores.

En sindicato al que pertenece Ansia, la CIG, alertó de la “falta de actividade da inspección de servizos sociais durante estes días de festas de Nadal, nunha neglixencia de funcións que impide o control das ratios de persoal de atención directa nas residencias de maiores”.

Plan para reducir la demora en la Ley de Dependencia

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, junto con la titular de Política Social e Igualdade, Fabiola García, presentó la semana pasada un plan que busca garantizar que, para finales de 202, ninguna persona espere más de seis meses para acceder a las ayudas estipuladas en la Ley de Dependencia. Entre las medidas anunciadas destaca la simplificación administrativa, que reducirá los trámites a una única solicitud y eliminará la obligatoriedad de presentar informes médicos y sociales.

Según la conselleira García, este paquete de medidas sigue la línea del plan de choque lanzado en 2021, que permitió incrementar en un 20% el número de personas atendidas y reducir en un 15% los tiempos de espera. García afirmó que Galicia lidera la atención a la dependencia con una cobertura superior al 98%, “siete puntos por encima de la media nacional”. No obstante, también responsabilizó al Gobierno central de una deuda acumulada de más de 2.500 millones de euros por no financiar el 50% que establece la normativa.

Pese a las cifras optimistas presentadas por la Xunta, los trabajadores del sector aseguran que la realidad en los centros es distinta. Entre las principales quejas figura la falta de inspecciones efectivas y el impacto que tiene la precariedad laboral en la calidad de atención a los usuarios. El aumento de bajas y la fuga de personal hacia otros sectores agravan una situación que, según el personal, compromete el bienestar de las personas dependientes.