La Xunta admite que tiene más menores tutelados que plazas y el Foro de la Inmigración alerta contra el racismo

La aprobación del decreto, pactada con Junts a cambio de traspasar competencias migratorias a Cataluña, ha reabierto el debate sobre la solidaridad interterritorial. Mientras el Foro Galego da Inmigración exige "rectificar" el discurso autonómico, la Xunta mantiene que sus cifras reflejan una realidad sobrepasada. El plazo para consensuar criterios, no obstante, corre hasta junio.
 

La Xunta de Galicia estima que deberá recibir alrededor de 300 menores migrantes no acompañados tras la aprobación del nuevo real decreto-ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta medida, que establece un reparto obligatorio de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España, ha generado controversia y debate en la comunidad gallega.

Detalles del nuevo decreto

El "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia" introduce cambios significativos en la distribución de menores migrantes. Los criterios para el reparto incluyen factores como población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo previo realizado, número de plazas de acogida y condición de ciudad fronteriza o insular.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia tiene hasta el 20 de junio para aprobar los criterios definitivos. Si no se logra un consenso, se aplicarán los establecidos en el decreto.

Postura de la Xunta y reacciones

La Consellería de Política Social de Galicia ha expresado preocupación por la situación, señalando que la ocupación actual de plazas para menores tutelados ya supera el 100%. Sin embargo, el Gobierno central insiste en que las comunidades autónomas deben proporcionar datos precisos sobre su capacidad de acogida antes de determinar las cifras finales de distribución.
 

Fuentes de la Consellería de Política Social insisten en que la cifra podría superar las estimaciones iniciales, dado que la ocupación de plazas para menores tutelados en Galicia ya alcanza el 104%, con 800 disponibles, aunque sin precisar cuántas corresponden a migrantes.
 

El Foro Galego de Inmigración ha criticado duramente la postura de la Xunta, calificándola de "insolidaria" y con "connotaciones racistas". La organización argumenta que la acogida de 300 menores no debería suponer un problema para Galicia y recuerda que estas personas representan "futuro demográfico, social, económico y cultural" para la comunidad.

Plazos y financiación

El decreto establece que las reubicaciones de menores desde territorios con sobreocupación deben completarse antes del 20 de marzo de 2026. Para futuras reubicaciones, se fija un plazo de 5 días naturales desde la inscripción del menor en el Registro correspondiente.

El Gobierno central exige datos certificados antes del 31 de marzo para calcular el reparto definitivo, basado en criterios como población, renta per cápita, tasa de paro o plazas de acogida. El Ejecutivo subrayó que, si no hay unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia antes del 20 de junio, se aplicarán las normas del decreto. Además, la norma fija un plazo máximo de un año —hasta marzo de 2026— para reubicar a menores en territorios saturados como Canarias.

El Gobierno central ha garantizado un fondo de 100 millones de euros para 2025 destinado a financiar esta iniciativa, buscando asegurar la suficiencia de recursos para las comunidades autónomas. 
 

El texto legal establece que, en situaciones de "contingencia migratoria extraordinaria" —cuando la ocupación triplica la capacidad ordinaria—, las comunidades deben asumir reubicaciones en 15 días.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este miércoles a Pedro Sánchez la distribución de menores migrantes no acompañados por considerarlo un reparto de "ruina e inseguridad", y el presidente le ha replicado que la "verdadera amenaza" para Europa es "la internacional ultraderechista" del húngaro Viktor Orban y el estadounidense Donald Trump de la que Vox es "sucursal" en España.