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Comisión de Investigación del Congreso indaga en los ingresos de la hermana de Feijóo y directiva de Eulen
Micaela Nuñez Feijóo es una de las responsables de la empresa Eulen en Galicia desde hace décadas. El político siempre ha defendido las adjudicaciones a esta firma argumentando que es una multinacional y que su hermana solo es un cargo regional. Ahora, los socialistas ponen en el punto de mira en la hermana de su rival, de la que solicitan sus declaraciones de impuestos, entre otra documentación.
Más del 80% de los documentos que va a pedir la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia se refiere a administraciones gobernadas por el PP, principalmente los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía y Galicia, y apenas un 12% tiene relación con el llamado 'caso Koldo' que estalló en febrero tras la detención de Koldo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos.
En total, el PSOE y sus socios de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Coalición Canaria aprobaron 369 solicitudes de documentación a distintas instituciones.
A la Xunta de Galicia se le piden todos los expedientes de sus contratos con Eulen entre 2008 y 2023. De ese grupo empresarial es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, de la que se solicitan sus declaraciones de IRPF desde 2015.
Eulen es una compañía con divisiones de limpieza, mantenimiento, seguridad, medio ambiente, servicios auxiliares, trabajo socio-sanitario y temporal. En Galicia, está liderada por Micaela Nuñez Feijóo, directora de la zona noroeste desde 2003, según figura en su Linkedin.
Durante las últimas décadas, Eulen ha recibido decenas de adjudicaciones de la Xunta y otras adminitraciones gallegas. En el caso de la Xunta, suman varias docenas de millones de euros.
Alberto Nuñez Feijóo siempre ha defendido la limpieza de estos contratos. Sus argumentos han sido que se produjeron mediante concurso público y que su hermana no es propietaria de Eulen, solo directiva de una multinacional que trabaja para muchísimas administraciones. Un punto de vista que también ha defendido la empresa, que ha llegado a tildar a Micaela Nuñez Feijóo de mera empleada, pese a sus responsabilidades en Galicia y Asturias.
En el caso de Galicia, la Comisión del Congreso también se reclaman los contratos como el servicio de rastreo de casos de la covid-19 prestado por Universal Support, empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Feijóo. Por último, también pide documentación sobre supuestas irregularidades en la contratación de material sanitario en Castilla y León.
También ha reclamado los informes del Consello de Contas de Galicia en el que se detallan numerosas irregularidades en la compra de material sanitario. Por ejemplo, la división artificial de las compras para evitar los mayores controles que tienen las adjudicaciones ordinarias respecto a los contratos menores, esquivando por ejemplo la obligación de hacer públicas unas bases, una opacidad que la Xunta niega.
Además de al Gobierno central, autonómicos, locales o provinciales, se reclama información al Tribunal de Cuentas y sus equivalentes, la Fiscalía, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria y el Registro Mercantil, entre otros.
El objeto de esta investigación parlamentaria impulsada por el PSOE son "los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos", así como los llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas.
Los socios obligan a pedir datos sobre el "Caso Koldo"
Pero, como ocurre con las 134 comparecencias aprobadas, en las solicitudes de información se han primado también los asuntos relativos a otras administraciones, en su mayoría gobernadas por el PP, sobre las que versan sobre contratos suscritos por la Administración General del Estado.
Así, del total de 369 peticiones sólo 45 (el 12%) están relacionadas con el 'caso Koldo'. De ellas, tan solo cinco se cursan al Gobierno central o a entes dependientes del mismo y ninguna de ellas estaba en el listado inicial registrado por el PSOE.
Por ejemplo, a instancias de Sumar, el Congreso ha acabado pidiendo copia de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por parte de los ministerios de Transportes e Interior, Puertos del Estado, Adif y la Subdirección General de gestión económica y patrimonial, así como el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, sobre las actividades de los Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, y su vinculación con la empresa de la trama.
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