Jácome se enfrenta a una oleada de denuncias por acoso laboral tras las primeras sentencias condenatorias

El Concello de Ourense vive su época más convulsa. En medio de las negociaciones de la oposición para crear un frente unido que conforme una alternativa al gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, el goteo de sentencias judiciales condenatorias contra el líder de Democracia Ourensana acorralan, más si cabe, al regidor. En una crisis económica sin precedentes a nivel municipal, desde Comisiones Obreras han vuelto a cargar contra el gobierno auriense presentando un escrito con una serie de exigencias a Jácome. 

"ACOSO LABORAL" E "INCUMPLIMIENTOS"

El primero de los puntos tiene que ver con la sentencia por el "acoso laboral" al que el alcalde sometió al interventor, al que primero cesó y al que luego tuvo que reincorporar por orden judicial. Desde el sindicato buscan "explicarle" que "el ataque continuo a los trabajadores mediante insultos, menospreciándolos, injuriándolos, solo consigue que parte de la ciudadanía se lo crea", pero que las sentencias dicen otra cosa y que, como con el interventor, otros profesionales "han decidido demandar al señor alcalde por acoso laboral o por remoción de su puesto de trabajo", como ocurrió con la tesorera municipal, a la que Jácome suspendió por "ser demasiado tiquismiquis". 

No es ni mucho menos el único frente abierto en los juzgados, ya que otra sentencia del TSXG, indica que "sigue haciendo mal las cosas" y anula el nombramiento en la Jefatura de Administración del Consello Municipal de Deportes. 

"Nos gustaría que cumpla con la normativa de la Función Pública del Estado con relación a los nombramientos de Directores Generales o Jefes de Servicio, etc., ya que con su sistema lo que hace es incumplir la Constitución Española y toda la normativa que conlleva la EBEP o el Estatuto de los Trabajadores, discriminando a los demás trabajadores del Concello", insisten desde el sindicato. 

DEUDAS Y PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

La situación de las arcas públicas tiene relación, en gran medida, con la sentencia que obligó al Concello a "retrotraer el Capítulo I del Presupuesto del año 2020 a 2014", lo que provocó graves desajustes que afectaron al salario de bomberos y policías, entre otros, colectivos que todavía arrastran deudas con el Concello relativas al cobro de los pluses que les corresponden por el desempeño de sus funciones. 
 

Al tiempo, y con relación a este mismo auto, desde Comisiones Obreras piden que se les acerque una lista "de los puestos afectados y al personal que tiene que cesar" por obviar en su día la negociación colectiva y a la representación de los trabajadores, a la vez que le invitan a dejar de hacer "nombramientos a dedo" que luego tumban los juzgados.

Los servicios públicos que se vienen suprimiendo en los últimos años preocupan tanto a los grupos políticos del Concello ourensano como al sindicato, que interpreta esta "defenestración de los servicios públicos" como un gran perjuicio a "la salud de los trabajadores, también a la salud mentl", al tiempo que reclaman iniciativas para mejorar las instalaciones de los edificios municipales, en especial a lo relativo a las altas mediciones de gas radón, algo que han denunciado de forma reiterada desde la primera legislatura de Jácome. 

El último gran asunto que preocupa al sindicato es la falta de avances en el proceso de estabilización de las plazas de los trabajadores del Concello, que no hace más que "paralizarlo con historias sin sentido que ni ustedes se las creen". "Nos preocupa la parálisis y el engaño", le dicen a Jácome, instándolo a cumplir con la Ley del Gobierno de España cuando solo quedan seis meses antes de que venza el plazo. 
 

"Está jugando con 105 trabajadores que la ley le permite presentarse a un concurso aprobado y publicado en el Boletín de la Provincial el 31 de diciembre de 2022 y que, de no hacerlo" le traerá consecuencias", avisan.