Hablemos de corrupción

En algunos de mis anteriores artículos he señalado que me causaba bochorno ver y escuchar a los líderes del Partido Popular (PP) acusar de corrupción al gobierno de turno (PSOE/Sumar) y a su presidente (Pedro Sánchez). Bochorno porque el Partido Popular (PP) con unos 30 expedientes por corrupción en curso (y muchos mas en espera) aparece como uno de los partidos más corruptos de la Unión Europea. Una situación que, si no llega a ser por el paraguas de no pocos magistrados también corruptos, seguramente llevaría a que este partido estuviese en esta hora disuelto y muchos de sus dirigentes encarcelados como pasó en Italia, en los años 90, cuando se destapó un enorme escándalo de corrupción, conocido por el nombre de Tangentópolis, que se llevó por delante a la clase política italiana dirigente de la época. 

La comparación viene a cuento pues digamos que en la actualidad están abiertos casos como la Gürtel, Lezo, Punica, Erial y Kitchen que ponen en evidencia cómo la corrupción en el Partido Popular (PP) es algo consentido y programado, pues el número de dirigentes imputados que se tienen que sentar en el banquillo de los acusados (y los que vendrán si la justicia sigue su curso ahora que se renovó el Consejo General del Poder Judicial) da la fe de que no estamos delante de casos aislados, sino de un colectivo organizado. Una realidad que pone en evidencia el hecho de que el propio Partido Popular (PP) como organización está imputado por corrupción como así lo confirman casos como la Gurgel o la Kitchen donde están citados a declarar dirigentes de este partido tan relevantes como Mariano Rajoy (exPresidente del Partido Popular y expresidente del Gobierno cesado por una moción de censura), Dolores de Cospedal (exsecretaria General del Partido Popular y exministra de Defensa), Dolores Saenz de Santamaría (excicepresidenta del Gobierno y responsable del CNI), Javier Arenas (exvicepresidente segundo del Gobierno y exPresidente del Partido Popular de Andalucía) y Juan Ignacio Zoido (exministro de Interior y expresidente del Partido Popular de Andalucía). Dirigentes a los que podría sumar, por caso, a Rodrigo Rato (exministro de Economía: “el mejor ministro de economía de la historia de España” según José María Aznar) al que la Fiscalía pide 63 años de cadena y una multa de 43 millones por corrupción por supuesto origen ilícito de su fortuna. El relato de dirigentes políticos del Partido Popular (PP) imputados sería interminable. He ahí las evidencias y las razones que me llevan a hablar de bochorno cuando dirigentes de este partido acusan de corrupción a dirigentes políticos de otros partidos democráticos. 

La corrupción en España viene siendo una práctica política que está dañando gravemente su imagen como estado democrático y de derecho. Así, si atendemos al Índice de Corrupción elaborado por la prestigiosa Transparency International, España ocupa el puesto 36 entre 180 países estudiados, lo que la sitúa en el furgón de cola a nivel de la Unión Europea a pesar de las mejoras experimentadas en los años 2022 y 2023. Mejoras que no son suficientes para descartar las “dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción. Sin dudas, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a ciudadanía y a los poder públicos” (Índice de Percepción de la Corrupción 2023. Transparency Internactional Spain).

Estas prácticas corruptas hacen que se trasladen de lo público a lo privado causando un enorme daño a convivencia pacífica y democrática. Un enorme daño al público que no es concebido como un servicio sino como un negocio para particulares y que funciona en base al amiguismo, el clientelismo y el tráfico de favores. Una corrupción que, indiscutiblemente, va muy unida a la aplicación de políticas neoliberales que priman lo privado sobre lo público. Algo que, por caso, podemos comprobar en Galicia con la progresiva entrega por la Xunta de Galicia (PPdeG) al capital privado, mayormente a amigos, de crecientes parcelas de las funciones públicas de bienestar como sanidad, enseñanza, mayores, infancia...etc. Una entrega que mayormente beneficia a esa oligarquía económica y financiera que sostuvo a España durante el franquismo, que actualmente sigue dominando los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales y que tiene un poder enorme para actuar con total impunidad y arbitrariedad.  

Una entrega de lo público al capital privado que también supone un enorme deterioro del estado de bienestar así como un elevado coste las finanzas públicas