El caos en los servicios sociales gallegos y la vulneración de derechos a personas dependientes

La diputada socialista en el Parlamento Galego, Silvia Longueira, anunciaba la presentación de una serie de iniciativas para crear un plan estratégico que reactive el sistema de atención a personas dependientes. Este plan estaba contemplado en la Lei Galega de Servizos Sociais de 2008 y con él se buscaría la coordinación y cohesión de todos los servicios sociales en Galicia, “de la mano de los ayuntamientos que son prestadores e intermediarios” a la hora de planificar el desarrollo de planes que afronten el envejecimiento de la población, esto incluiría tanto a personas dependientes como discapacitadas. El no haberse ejecutado este plan ha tenido como resultado un ecosistema de atención social donde abundan figuras público-privadas en diferentes versiones. A esto se añade que la Xunta no hace difusión de los derechos que otorga la ley de servicios sociales lo que dificulta la entrada en el sistema y genera una amplia lista de espera.

PLANIFICACIÓN

Casi cuatrocientas personas murieron en Galicia durante el 2023 en listas de espera para entrar en una residencia. Por las mismas fechas la Xunta anunciaba que se había atendido a unas 5.600 personas por parte de los Servizos Sociais: “un 8.21% más, superando la media estatal del 7.49%”. Sin embargo, el número de solicitudes a finales de 2023 era de 84.000 solo para reconocimiento de dependencia y el de dependientes con derecho reconocido a una prestación era casi de 75.600 personas. 
 

La Xunta es quien debe decidir dónde, a quién y cómo se atiende a una persona dependiente, esto significa dotar de residencias y servicios necesarios a todo el territorio gallego. A efectos legales, el ejecutivo gallego debe hablar con los ayuntamientos para conocer de primera mano las necesidades en cuanto a residencias. El modelo de la ley del 2008 apostaba por residencias pequeñas en los distintos ayuntamientos o en cabeceras de comarca. 
 

En lugar de esto, se construyen grandes residencias por parte de entidades privadas que son donadas a la Xunta y esta diseña el plan de gestión. Así el mosaico de atención va desde el público, público con gestión privada o privado con plazas contratadas por la Administración autonómica. 
 

Por otra parte, el escaso número de residencias públicas hace que “hoy en día se envía a personas a cientos de quilómetros de su hogar”, lo que lleva al desarraigo de la persona dependiente y desplazamientos a sus familiares además de otros añadidos. Y a esto se suma quienes desean ser atendidos en sus hogares que también conforman otra lista enorme de espera.

SISTEMA DE VALORACIÓN Y FALTA DE PERSONAL 

En el proceso de valoración para otorgar el grado de dependencia se vería lógico la presencia de trabajadores sociales pero, al parecer, en los últimos tiempos “se les está ninguneando” y no se cuenta con su opinión a la hora de crear informes de valoración. Esto se viene reflejando desde la entrada en vigor el Decreto142/2023, de 21 de septiembre que establece vías para este tipo de funciones. La idea subyacente es “agilizar” las diferentes tramitaciones aunque los resultados, según el PSdeG no son los deseados. 
 

Incluso cuando se ha concedido el grado de dependencia, esto también puede ser un freno para el avance de las listas de espera. Así, en una semana un ayuntamiento puede recibir varias solicitudes de grado I y II, pero la llegada de varios expedientes con grado III hace que estos últimos tengan preferencia y los primeros pasen a engrosar las listas de espera. 

En paralelo, desde la pandemia de COVID-19 se ha desarrollado una tendencia a enviar a centros de mayores a personas con problemas psíquicos. Si bien por una parte es una forma de desestigmatizar la enfermedad mental, también es necesario que estas personas sean atendidas por personal especializado. Esto último no sucede en la mayor parte de los casos lo que puede facilitar que se produzcan problemas de convivencia en las residencias. 

La falta de personal especializado tanto para atención de dependientes, mayores y de evaluación es uno de los problemas que enfrenta el sistema de atención en Galicia. Por otra parte, el sistema por el que parece optar el gobierno gallego es el de la privatización o el de “que vayan haciendo”. El objetivo de la Xunta es no hacerse cargo del personal ni de las infraestructuras para dependencia permitiendo, eso sí, los conciertos y los convenios.