Abogados y procuradores del turno de oficio tendrán que negociar con el Ministerio de Justicia y 12 CCAA

Los abogados y procuradores del turno de oficio acudirán, si nada lo remedia, a la huelga indefinida nacional el próximo 21 de noviembre. Los profesionales del turno de oficio irán a las trincheras bajo una misma voz, una voz única y unánime que grita: "¡Basta ya!". Los sueldos precarios, las condiciones laborales abusivas sin derecho a la desconexión digital y al descanso, la reducción de la carga burocrática inasumible o el derecho a la formación gratuita son solo algunos de los muchos puntos que detallan desde el Sindicato Venia, al frente de las protestas, y que tendrán que presentar no solo ante el Ministerio de Justicia, sino también ante una docena de Consejerías de las comunidades autónomas que tienen estas competencias transferidas.

Los manifestantes buscan establecer una mesa de diálogo con las administraciones para poder sentarse a negociar, pero tendrán que hablar con muchas autoridades si las comunidades no delegan la voz cantante sobre el Ministerio de Justicia, cartera que hoy posee, en funciones, Pilar Llop, que ya en el pasado logró acuerdos con los LAJ o con los jueces y fiscales.

MINISTERIO Y COMUNIDADES

En este momento, la ministra solo puede hablar en nombre de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, el Ministerio también tiene competencias sobre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. 

Al tiempo, hay una docena de gobiernos autonómicos que cuentan con las competencias transferidas y que, por tanto, asumen el pago y las relaciones con los trabajadores del turno de oficio. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Galicia. 

La Xunta de Galicia detalla que la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, hoy en manos del vicepresidente primero Diego Calvo, "constituye el centro directivo de la Administración autonómica encargado del desarrollo en nuestra comunidad de las competencias transferidas en materia de Justicia mediante la cooperación con los órganos del Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia y demás instituciones relacionadas con el ámbito judicial para abordar las necesidades de la Justicia en Galicia, coordinando la provisión a los juzgados y tribunales de los medios materiales y personales precisos para conseguir una justicia ágil y de calidad, abierta al ciudadano". 

Sin embargo, en la huelga convocada el pasado julio -la primera en la historia del sector- la Consellería de Xustiza se declaró "no competente" para fijar los servicios mínimos, lo que despertó el malestar de los huelguistas por la "dejadez de funciones" de la administración gallega. 

Para evitar estos supuestos, con vistas al 21 de noviembre Venia ha puesto en circulación un protocolo en el que indican a los profesionales llamados al paro cómo proceder llegado el día y los servicios mínimos que solicitarán a cada administración para establecer unas bases de futuro. 

Con Diego Calvo, Pilar Llop -siempre que para el inicio de la huelga el Gobierno central siga en funciones o no haya cambios en la cartera de Justicia en una hipotética investidura de Pedro Sánchez- y otras once voces tendrán que dialogar los abogados y procuradores del TO, obligados a llegar a acuerdos inequívocos con cada uno de sus interlocutores. 

Pese a las dificultades, desde Venía siguen convencidos de que esta es la única vía posible tras meses de demandas desatendidas y esta misma semana se celebrarán asambleas, como la programada para este miércoles 8 de noviembre en A Coruña a las 16:30 horas en el Centro Cívico de la Ciudad Vieja, en la Rúa de Veeduría 2, donde los trabajadores del sector trasladarán su sentir y su voluntad o no de acudir a la huelga del 21 de noviembre.