Huelga de jueces y fiscales: "Hace diez años cobrábamos siete veces el salario mínimo; ahora no llega ni a tres"

Con la huelga de los Letrados en el pasado, la huelga de los Funcionarios en el presente y la de los jueces y fiscales en el futuro, a la Justicia española se le abre ante sí un panorama realmente complicado. 

La jueza María Teresa Cortizas, de la Audiencia de A Coruña y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en la sección gallega, resuelve para Galiciapress los motivos de esta protesta, que tiene en los retribuciones, las guardias semanales y otras cuestiones salariales los principales motivos de una protesta que podría desconvocarse el próximo 3 de mayo si el Gobierno acerca una buena propuesta.

Como ocurrió en enero, en cuestión de una semanas podría darse una avalancha de juicios cancelados, contándolos por miles. Los jueces y fiscales de España están llamados a la huelga a partir del 16 de mayo, momento en el que la parálisis de la Justicia podría ser prácticamente total, un ambiente nada recomendable en un país donde el debate político gira desde hace años en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace prácticamente un lustro. 

Entre las asociaciones profesionales que apoyan de forma manifiesta los paros están Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación Profesional de la Magistratura, cuya presidenta en la sección gallega, María Teresa Cortizas explica que son las condiciones económicas de jueces y fiscales las que han llevado a estos gremios al extremo de la huelga.
 

La magistrada, con destino en la Audiencia Provincial de A Coruña, pide “la modificación de las retribuciones”, lastradas en el sector desde el inicio de la crisis económica de 2008 y los recortes aplicados a todos los funcionarios públicos, un tijeretazo que, dice, fue especialmente severo sobre los jueces y fiscales del Estado. “No es una cosa nueva, solo hemos pedido que se convoque la Mesa de Retribuciones, algo que llevamos años demandando. Ya hicimos una huelga en 2018 por lo mismo”, recuerda Cortizas.

En esa línea, indica que la Mesa, tal y como se establece en una ley de 2003, debería convocarse cada cinco años, pero que llevan más de 20 años esperando para sentarse a negociar. El pasado mes de octubre parecía que iba a ser el momento definitivo, pero el Gobierno desconvocó el encuentro a escasos días de abrir la Mesa y sin argumentar el motivo de la cancelación.

Después de los paros de hace cinco años las negociaciones únicamente arrancaron los primeros pasos para la creación de un reglamento de funcionamiento interno, relata Cortizas. Sin embargo, sus sueldos y los complementos siguen sin ajustarse ni a las dimensiones de su población de destino ni a la nueva realidad, cuando los precios son cada vez más altos y viendo que otros grupos sí están viendo subir sus emolumentos, como en el caso de los LAJs.

SALARIOS, GUARDIAS, VARIABLES…

El contexto es si cabe más espinoso aún si sumamos a la ecuación a los abogados, que tienen sus propios planes. En este sentido, se celebró en Madrid una nutrida concentración de abogados de oficio convocados por varias asociaciones y el sindicato VENIA. 

Un numeroso grupos de juristas gallegos se personaron en la capital española, donde reivindicaron mejoras en el servicio de asistencia jurídica a los ciudadanos, "ya que el derecho a defensa y el acceso a la justicia es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y la administración debe garantizar ese derecho a todos los ciudadanos", recuerda la abogacía gallega en un comunicado, en el que piden "más dignificación, respeto en el ejercicio de sus funciones, retribuciones justas y que abarquen todos los trabajos realizados, así como el reconocimiento del derecho a prestaciones sociales con efectos retroactivos".

“Queremos que se nos adecúe a la situación de 2023. Cuando se bajaron las retribuciones a los funcionarios en 2010 sufrimos un detrimento mayor que a la mayoría de ellos. En nuestro salario fijo se quedó casi al 10% y a día de hoy no nos hemos recuperado. Seguimos en un proceso en el que nos vemos obligados por el Gobierno, con muchos jueces de entrada cobrando el equivalente a tres veces el salario mínimo cuando en 2003 era siete veces eso”, critica Cortizas, haciendo hincapié en los años de estudio para las oposiciones y el dinero invertido en formación de estos profesionales.

“Muchos jueces no llegan ni a 3.000 euros de sueldo. Los magistrados no tienen el sueldo de un juez del Supremo. ¿Sabes cuánto cobramos por una guardia de una semana? 270 euros brutos por los siete días de guardia. Los médicos del CHUAC cobran más de 400 euros por una guardia de un día”, pone de ejemplo la jueza de la Audiencia coruñesa, con guardias de mañana y tarde, de lunes a domingo por la mañana con un teléfono en el que estar localizable las 24 horas. “No es normal cobrar eso. Sale como a un euro la hora”, reprocha. 

Las retribuciones variables, “siempre que superemos el 120% de nuestro módulo”, es otro de los “abusos” a los que se ven sometidos y que los deja en un escalafón inferior comparados con, por ejemplo, los inspectores de Hacienda. “Cobran en un año lo que yo en toda mi carrera”, lamenta Cortizas. 
 

Las opciones para no terminar en huelga pasan por que el próximo 3 de mayo haya un acercamiento decisivo entre los actores implicados, convocados por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ese escenario hoy parece muy complicado, ya que si atendemos a la última huelga, la de los Letrados de la Administración de la Justicia, duró más de dos meses con negociaciones muy duras entre las partes. Además, algunas voces temen que la Mesa vuelva a ser desconvocada a última hora. 

La de los LAJs fue la movilización que abrió el camino para los Funcionarios de la Administración de la Justicia, todavía hoy en huelga, y pronto para jueces y fiscales, no porque sus demandas hayan sido atendidas, sino porque demostraron, como subrayan desde el sector, que “el Gobierno solo entiende este lenguaje”.
 

“Llevamos con buenas palabras y lealtad institucional mucho tiempo. Llevamos años luchando y no nos han hecho ni caso. No es así, hay que usar todas las armas a nuestro alcance, como hacen otros grupos, para ser escuchados”, denuncian desde la asociación. Sobre la dimisión de la ministra Pilar Llop, algo que demandan algunas plataformas, Cortizas dice que no es una cuestión de reducirlo todo a un cargo, sino que llevan mucho tiempo siendo “los grandes abandonados”, algo que se puede probar echando un vistazo a las partidas de los Presupuestos Generales del Estado. 
 

En esa línea, demandan al Gobierno de España “más juzgados” y la convocatoria de más plazas en una profesión en la que “va a haber muchas jubilaciones en la próxima década” “Existe un gran desconocimiento de la evolución en edad de la carrera judicial”, lamenta, sobre la falta de previsión de las administraciones públicas.  

¿UNA HUELGA POLÍTICA?

Dos plataformas, las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), no se han pronunciado sobre la huelga, más allá de mantenerse a la espera y conocer el contenido de la propuesta del 3 de mayo. Al contrario de las acusaciones que se han vertido desde otros sectores, Cortizas desliga que el movimiento de jueces y fiscales se deba a la proximidad con las elecciones municipales y que esta “no es una huelga política” alentada por las alas conservadoras y moderadas de la Justicia española.
 

“Es algo que podría haberse resuelto en octubre de 2022. Que nos expliquen el motivo de desconvocarla y no trabajar en ella, porque de no ser así ahora no habría reivindicaciones. Es ridículo pensar que esta es una huelga política porque conocemos de sobra nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones”, apostilla. 
 

Con este pronóstico, muchos ciudadanos temen que los procesos judiciales en los que puedan verse inmersos puedan sufrir una demora todavía mayor, cuando solo en la huelga de los LAJs fueron cientos de miles los juicios suspendidos. Con los jueces y fiscales en huelga, el agujero puede ser todavía mayor y provocar un embotellamiento como el de la pandemia, con todavía más carga de trabajo para los profesionales. 
 

“Superamos los números de la pandemia a base de trabajo, como superamos los números de la anterior huelga y superaremos la de los letrados. Siempre a base de nuestro trabajo y, a veces, quitarle tiempo a las familias por seguir trabajando y la responsabilidad que nos exigimos a nosotros mismos. Lo que no se nos pueden pedir son metas imposibles”, enfatiza la magistrada, que resuelve muchas veces su trabajo “llevándomelo a casa”.

“Muchos lo solucionan con juicios de mañana y tarde. Yo los celebro, vale, ¿pero cuándo pongo las sentencias? No es solo un juicio: hay que trabajarlo, estudiarlo, hacer una resolución… Y sucede con muchísimas cuestiones y escritos, con la responsabilidad que asumimos firmando una resolución. El trabajo nunca se acaba y la gente lo olvida”, concluye.