La Xunta recuerda que en Montefurado "hay un derecho minero concedido" pero habrá sanciones por "incumplimientos graves"

La concesión tiene abierto un expediente por incumplimiento de condiciones de otorgamiento y falta de autorización

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, ha explicado este viernes que el proyecto de la mina de pizarra de Montefurado tiene abierto un expediente por dos "incumplimientos graves", que supondrían una sanción de más de 60.000 euros, aunque ha recordado que la Xunta no puede revocar el proyecto porque "hay un derecho minero concedido" desde 2019.

En respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Industria por el diputado del BNG Iago Suárez, Fernández Vila ha recordado que la concesión se otorgó en septiembre de 2019 y "cuenta con la declaración de impacto ambiental", un proceso durante el cual "se pudieron hacer todas las alegaciones que se estimaron necesarias". "La administración no puede obviar la situación del derecho minero", ha dicho el director xeral ante la petición de que se opongan a la apertura de este proyecto por las implicaciones patrimoniales y naturales de la zona.

"Estamos encima de ese tema, pero no puedo anticipar algo que todavía está en tramitación", ha añadido, señalando que desde la Xunta están "a favor de la legalidad" y recordando que existe "un derecho minero concedido" al que la Administración "no puede oponerse".

En todo caso, el Gobierno gallego si ha hecho "un seguimiento de la tramitación del derecho minero" y ha detectado que "el titular no está cumpliendo lo establecido", motivo por el cual se abrió en noviembre el expediente sancionador por dos incumplimientos graves, que se suma a uno anterior de caducidad.

Aunque "es cierto que en los primeros momentos esta explotación se vio afectada por la pandemia", ha dicho Pablo Fernández, en sucesivas visitas a lo largo de 2021 y 2022 se constató "que no se habían iniciado los trabajos ni la labor minera" y que ni siquiera se contaba con maquinaria o personal para la misma.

Ante la inactividad, y después de comprobar que el titular "estaba postergando el inicio de las labores a un futuro indeterminado", en abril de 2023 la Xunta incoó un expediente de caducidad, que quedó en suspenso con la solicitud, un año después, de la transmisión de la concesión de explotación en favor de un nuevo titular. Sobre esta cuestión, el director xeral ha recordado que el titular de un derecho minero tiene también "la obligación" de ponerlo en marcha.

Actualmente, la solicitud de transmisión se encuentra en trámite y serán los técnicos competentes los que decidan sobre ella y sobre la posible caducidad. Este verano, personal técnico desplazado hacia la zona constató, no obstante, la realización de trabajos de sondaje "que no estaban autorizados", por lo que se procedió a abrir un expediente sancionador por dos incumplimientos graves, el incumplimiento de las condiciones de otorgamiento y el incumplimiento de las obligaciones relativas a la falta de autorización de las subcontratas y coordinación de actividades empresariales".