La patronal eólica molesta con el intervencionismo de la Xunta espera que Moncloa acuda a su rescate

Los empresarios del sector eólico en Galicia están manifestado su preocupación y rechazo ante las nuevas normas que el gobierno autonómico ha anunciado recientemente, las cuales establecen que las empresas promotoras de parques eólicos deben firmar acuerdos de compraventa de energía (PPA) con empresas gallegas por, al menos, el 50% de la energía generada. La Xunta también busca sustituir los aerogeneradores más antiguos por otros nuevos y mayores, que permitan reducir el número de molino y, por lo tanto, el impacto en el medio, una cuestion que cada vez es más sensible políticamente.

La medida de obligar a vender la mitad de la producción a empresas del país a largo plazo  busca fomentar el autoabastecimiento energético en Galicia. Sin embargo, el sector la ve como una limitación que podría impactar negativamente en la competitividad y el atractivo de la región para nuevas inversiones. Además, se pregunta cómo puede hacer la Xunta para obligarles a vender su producto a unas empresas y a otras no, algo que en principio viola la libertad de mercado. 

Además, hay que tener en cuenta que la propia Xunta está creando una comercializadora de energía que promete suministros más barato a los vecinos de los parques eólicos. Atando cabos, los empresarios se temen que la Xunta pretenda que sean ellos los que asuman el coste de esta nueva política lanzada desde San Caetano para intentar calmar las voces críticas con el despliegue de los molinos por los montes gallegos.

Demanda de Intervención del Gobierno Central

Los promotores eólicos han solicitado que el Gobierno Central intervenga para mediar en esta situación. Según representantes del sector, es fundamental que Moncloa considere una normativa estatal que armonice los requisitos y evite regulaciones restrictivas como las que la Xunta ha implementado en Galicia. 

Argumentan que una política energética uniforme y coordinada a nivel nacional reduciría la incertidumbre para los inversores y permitiría condiciones más equitativas en todas las comunidades autónomas. Además, el sector espera que el Ejecutivo central impulse un marco de apoyo a las energías renovables que incentive la inversión y ofrezca garantías de estab

ilidad regulatoria.

Preocupación por el Impacto en la Competitividad y los Costes 

Voces como la Asociación Eólica de Galicia (AEG) apuntan que la normativa autonómica introduce rigideces en el mercado al forzar a los desarrolladores a destinar la mitad de la energía generada a contratos con empresas locales, limitando, en su opinión, la capacidad de competir en el mercado libre y optar por mejores precios.

 Asegura que esta medida aumentará los costes operativos de las empresas eólicas, quienes además enfrentan los gastos adicionales derivados de otra normativa autonómica que exige la repotenciación obligatoria de aerogeneradores con más de 25 años.

Repotenciación Forzada y Carga Financiera Adicional

Esta medida, impulsada por la Xunta para reducir el impacto visual y mejorar la eficiencia, afectará a unos 3.000 molinos en los próximos cinco años, según datos de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La repotenciación, que según la Xunta reducirá el número de aerogeneradores a unos 600 de mayor capacidad y tecnología moderna, es vista por el sector como una carga financiera que podría ralentizar el crecimiento y el retorno de la inversión inicial. ¿Por qué habrían de cambiar las máquinas cuando éstas funcionan perfectamente?, se preguntan los empresarios. 

En lo referido al debate sobre la repotenciación, hay que tener en cuenta, además, que Galicia perdió hace lustros su capacidad de producir nuevos aerogeneradores por lo que el sobre coste de adquirir nuevos aparatos no redundará en el sector de maquinaria eólica, que pese a la importancia de la eólica en Galicia, está prácticamente desmantelado.

Apoyo Central a la Competitividad del Sector

El sector eólico gallego considera que el Gobierno Central podría tomar medidas para compensar estas limitaciones. Los promotores eólicos esperan que Moncloa meta presión al  gobierno autonómico con un posible cambio de normativo. 

En todo caso, ante la posibilidad cierta de que el Gobierno gallego no modifique las nuevas normas, algunos representantes del sector anticipan que podrían recurrir a mecanismos de arbitraje para defender sus intereses comerciales. Argumentan que las normas de la Xunta vulneran acuerdos previos y que la imposición de condiciones locales específicas sin una base de consenso nacional podría ser objeto de disputas legales. 

Por su parte, el argumento de la Xunta es que su objetivo es reducir la dependencia energética de Galicia frente a las fluctuaciones del precio del gas y asegurar un suministro más estable y accesible para las empresas gallegas. La conselleira María Jesús Lorenzana enfatizó que esta normativa pretende "democratizar" el acceso a los contratos de compraventa de energía, facilitando que pequeñas y medianas empresas locales puedan acceder a acuerdos PPA -que son mucho más rentables para los consumidores- que antes solo estaban al alcance de grandes corporaciones que consumen mucha electricidad.

Está por ver hasta donde están dispuetas a plantar batalla legal las empresas eólicas, que no es un sector que acostumbre a trabajar muy unido. En todo caso, en el caso de que algunas de las promotoras de renovables lleve las normas a la Justicia, puede harcele daño políticamente al Gobierno de Alfonso Rueda. 

Nuevos pleitos aumentarán la conflictividad judicial en un sector que ya está muy trabado por las docenas de paralizaciones cautelares del TSXG, tumbando autorizaciones de la Xunta. Una Administración que siempre ha defendido que el sector necesita seguridad jurídica, seguridad jurídica que los empresarios entienden que ahora es la propia Xunta quien la pone en peligro.