La Xunta se abre a cargar ella misma una tasa turística pese a cuestionar la que le pide Santiago
La Ley de Presupuestos para 2025 incluye la posibilidad de crear un impuesto autonómico similar al que lleva lustros reclamando el Ayuntamiento de Santiago y que Rueda mira con recelo.
La Xunta abre la puerta, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos con la que prevé la creación de una tasa turística, a ser ella misma la que aplique este tributo en un futuro, en función de su "eficacia" y a la vista de la evolución de las visitas que reciba la comunidad.
"El Consello de la Xunta de Galicia (...) podrá presentar al Parlamento de Galicia un proyecto de ley en el que se reduzca la cuantía de la bonificación", recoge, en concreto, el artículo ocho del proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, según recoge Europa Press.
Y es que la fórmula por la que la ley de medidas prevé generar el marco legal para que los ayuntamientos que así lo deseen puedan implantar la tasa turística es la de la creación del impuesto, bonificado "inicialmente" al 100% sobre la cuota íntegra correspondiente a la administración autonómica.
Esta norma, la conocida como ley de acompañamiento, ha sido entregada este sábado por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento.
Con su redacción actual, el Gobierno gallego abre la puerta a ser él mismo el que aplique, en un futuro, la tasa turística que lleva tiempo reclamando el gobierno municipal de Santiago, con la nacionalista Goretti Sanmartín al frente.
De hecho, esta posibilidad de que sea la Xunta la que aplique la tasa turística la vincula el texto legal con "el seguimiento de la aplicación y del impacto de la ley". Por ahora, tan solo Compostela ha mostrado oficialmente su voluntad de implantar el impuesto.
El artículo pone esta opción en relación con la evolución de los indicadores del sector turístico en la comunidad gallega y con "la eficacia del impuesto". Además, dice que lo evaluará "ponderando la no exigencia de cargas administrativas innecesarias para el sector".
EN VIGOR EL 1 DE ENERO
En un primer punto, el artículo recoge que "el Consello de la Xunta presentará un proyecto de ley al Parlamento de Galicia en el que se cree y regule el impuesto sobre estancias turísticas, como tributo indirecto, instantáneo y propio de la comunidad autónoma de Galicia".
A preguntas de los periodistas sobre este extremo, y sobre si los plazos para la puesta en marcha de esta tasa se ampliarán respecto de lo comprometido ante el gobierno municipal santiagués, el conselleiro de Facenda ha ratificado la fecha del 1 de enero.
"La idea es pulir los aspectos básicos de la ley que se recogen en la ley de medidas. Se recoge un artículo que recoge los artículos básicos, pero queremos concretarlos (con los grupos), y que lo que salga de la ley de medidas sea ya el impuesto turístico, que no haya una ley adicional", ha expuesto. De este modo, ha señalado que "podría entrar ya en vigor el 1 de enero".
El artículo 8 de la ley de medidas recoge otros aspectos de este nuevo tributo que ya fueron adelantados en una reunión entre Corgos y la alcaldesa de la capital gallega este viernes.
Así, habrá ciertas excepciones --estancias exentas--, los ingresos obtenidos estarán "afectados cuanto menos en un 80% a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible" y los municipios que deseen la implantación de la tasa deberán elaborar una ordenanza municipal.
"En ejecución de su autonomía municipal", en concreto, los ayuntamientos podrán "establecer de forma voluntaria una recarga sobre el impuesto autonómico".
"Las competencias para la aplicación, recaudación y postestad sancionadora correspondientes a la recarga municipal corresponderán a los ayuntamientos", indica el texto entregado este sábado a la Cámara autonómica. Por su parte, el gobierno de Sanmartín demanda que sea la Atriga (Axencia Tributaria de Galicia) la que gestione el impuesto.
Las tasas turísticas en España: debate entre costenibilidad y Competitividad
En los últimos años, la implementación de tasas turísticas en España ha generado un intenso debate entre administraciones públicas, empresarios del sector turístico y residentes de las zonas más visitadas. Actualmente, solo dos comunidades autónomas aplican este impuesto: Cataluña y las Islas Baleares.
En Cataluña, la tasa turística oscila entre 0,45 y 3,5 euros por persona y día, dependiendo de la categoría del alojamiento y la localidad. Barcelona, como principal destino turístico de la región, aplica un recargo adicional sobre la tarifa general de la comunidad. Por su parte, en las Islas Baleares, la conocida como "ecotasa" varía entre 1 y 4 euros por persona y día, afectando tanto a turistas como a residentes que se alojen en establecimientos turísticos.
El objetivo principal de estas tasas es recaudar fondos para mantener y mejorar la infraestructura turística, contribuir a la sostenibilidad ambiental y promover un turismo más responsable.
Sin embargo, la aplicación de estas tasas no está exenta de controversia. Mientras algunas regiones como la Comunidad Valenciana han considerado su implementación (aunque finalmente decidieron no aplicarla), otras comunidades autónomas se muestran reticentes, argumentando que podría afectar negativamente a la competitividad del sector turístico español.
El cálculo de estas tasas suele tener en cuenta factores como la categoría del alojamiento, la duración de la estancia, la edad del turista y la temporada del año. Además, se aplican exenciones y reducciones en casos específicos como estancias prolongadas, grupos escolares o viajes por motivos laborales.
A nivel europeo, ciudades como París, Berlín, Ámsterdam y Venecia ya aplican tasas turísticas, con importes que varían según el destino. Por ejemplo, en París la tasa es un 10% más alta que en el resto de Francia, mientras que en Berlín se aplica un 5% adicional sobre el precio de las habitaciones.
El debate sobre la implementación de tasas turísticas en más regiones de España sigue abierto. Mientras algunos ven en ellas una herramienta necesaria para gestionar el turismo de manera sostenible, otros temen que puedan disuadir a los visitantes y afectar negativamente a un sector clave para la economía española.
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