Las renovables pueden reducir un 40% los gastos de las explotaciones agrarias
La directiva europea sobre energías renovables prohibirá a partir de 2020 impuestos al autoconsumo como el conocido "impuesto al sol".
Fin al "impuesto al sol" en 2020.
La sustitución de la energía eléctrica convencional por renovables podría suponer una reducción del 40 por ciento en los gastos de las explotaciones agroganaderas. Esta es una de las conclusiones que han avanzado los creadores de un estudio sobre la implantación de renovables en el rural, que, además, también podrían suponer un "complemento" de la actividad agraria.
Este sábado ha tenido lugar en Santiago una rueda de prensa organizada por el sindicato Unións Agrarias que, en colaboración con la Universidade de A Coruña, está desarrollando un proyecto para la implantación de este tipo de energías en las explotaciones agroganaderas.
En la comparecencia también ha estado presente el eurodiputado socialista y ex ministro de Fomento José Blanco. El lucense es el ponente del Parlamento europeo en la revisión de la Directiva de Energías Renovables para el período 2020-2030, que será sometida a votación en Bruselas el próximo mes de enero.
Blanco ha destacado que la propuesta, "ampliamente respaldada" por la Comisión de Industria de la Cámara comunitaria, es "ambiciosa", ya que busca un aumento del consumo de renovables de un 35 por ciento y fija como objetivo lograr que represente el 15 por ciento de la consumición total europea a finales de la próxima década.
Entre los elementos nuevos que introducirá la normativa se encuentra la regulación del derecho al autoconsumo, por lo que los ciudadanos podrán producir energía "sin pagar peaje" --lo que se conoce en España como "impuesto al sol"--.
"NUEVO HORIZONTE"
En palabras del responsable de desarrollo rural de UUAA, Jacobo Feijóo, la nueva directiva europea "abre un nuevo horizonte" que permitirá la "descarbonización" de las explotaciones, que podrían sustituir la eléctrica por las energías renovables, cuya producción también es posible que se incluya en la Política Agraria Común (PAC).
Y es que, según el estudio desarrollado por la UDC, el uso de este tipo de energías supondría una reducción del 14 por ciento de las emisiones de CO2 que produce el sector agrario, así como un descenso del 40 por ciento en el gasto energético de las explotaciones.
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