La Fiscalía pide casi 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la consulta independentista

La Fiscalía ha pedido para Artur Mas 9 algo más de años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia por el 9N de 2014.

En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación-.

La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta de haber intentado aparentar que habían la organización del 9N en manos de los voluntarios.

En concreto, el escrito de la Fiscalía detalla que por el delito de desobediencia pide un año y seis meses de inhabilitación, además de 36.000 euros de multa; y ocho años por el de prevaricación. Nueve años y seis meses en total.

ORTEGA Y RIGAU

Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N.

En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.