​La regularización del Catastro rural obliga a los concellos a pedir ayuda

Nueve municipios de las cuatro provincias gallegas han solicitado a la Xunta asesoramiento sobre la actualización catastral propuesta por el Ministerio de Hacienda en relación a las construcciones rurales, mediante la cual cualquier modificación de explotaciones agrarias, ganaderas o forestales, que tenían valor cero, ahora está obligada a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El pasado mes de mayo la Consellería de Facenda y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ofrecieron a los ayuntamientos su ayuda para informar a la ciudadanía sobre este proceso de regularización catastral, con el objetivo de que los contribuyentes puedan valorar y comprender este procedimiento y "efectuar las alegaciones correspondientes".

Según ha trasladado este sábado la Xunta, por el momento han sido nueve los municipios que recurrieron a esta ayuda. Tres de la provincia de A Coruña (Brión, Ordes y Cariño), tres de Pontevedra (Silleda, Mondariz y Rodeiro), dos de Lugo (Trabada y O Vicedo) y uno de Ourense (Xinzo de Limia).

De este modo, las administraciones les ofrecerán más información para poder ejercer sus competencias tributarias y asesorar a los vecinos, además de informar sobre el propio procedimiento de regulación catastral.

DURACIÓN DEL ASESORAMIENTO

El acuerdo firmado con la Fegamp tiene de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque se podrá prorrogar si al llegar la fecha no se ha terminado el proceso de regulación catatral, según ha señalado la Administración gallega.

Asimismo, han recordado que la Xunta impulsa el convenio pese que este campo compete exclusivamente a la Administración del Estado y que no depende de la Xunta. Además, las corporaciones locales tienen reconocidas las competencias en el Impuesto de Bienes Inmuebles.