​Las comunidades autónomas muestran su insatisfacción con las medidas de Hacienda, que cierra la puerta al pago del IVA

La primera guerra del nuevo Gobierno no se librará en Cataluña, sino en el conjunto de las autonomías, con Feijóo como uno de los paladines de los gobiernos regionales en esta cruzada contra el Gobierno Central. 

Y es que más allá de la crisis catalana en Madrid miran con preocupación pero con una determinación firme todo cuanto ocurre en los gobiernos autonómicos, que tienen un ojo puesto en Moncloa y el otro en sus propias arcas.

La ministra Montero durante el encuentro

Hacienda se mantiene impertérrita en su decisión de no devolver los 2.500 millones que adeudan a las comunidades autónomas del IVA de 2017. Desde el ministerio de María Jesús Montero no contemplan el pago, lo que provoca una serie de medidas para equilibrar la balanza en cierto modo, tal y como se acordó durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La primera de las medidas es permitir que las autonomías cierren 2020 con un déficit del 0,2% del PIB y en 2021 con un 0,1% de déficit; la segunda es retrasar el equilibrio presupuestario hasta 2022.

LA XUNTA A LOS TRIBUNALES

No obstante, el no pago del IVA ha despertado el malestar del conjunto de las autonomías, tanto si tienen gobiernos socialistas como populares. Independientemente del color del partido, los gobiernos regionales han cerrado filas a la hora de reclamar el pago de los 2.500 millones -200 millones en el caso de Galicia- y han exigido la reforma del sistema de financiación para tener más recursos.

En ese sentido, Galicia es una de las puntas de lanza a la hora de reclamar el IVA. Alberto Núñez Feijóo lleva meses insistiendo en la necesidad de contar con esos 200 millones cuanto antes. Ayer mismo, y en presencia de la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, reclamó “lealtad” al Gobierno para con las autonomías. “El trato leal entre las administraciones”, recalcó. Además, se refirió a la demanda gallega como una reivindicación que “no está inspirada en el egoísmo”, apoyando este argumento en que “la inmensa mayoría de las comunidades autónomas lo están haciendo”.  

Valeriano Martínez, consejero gallego, reafirmó tras la reunión el posicionamiento del Gobierno de Galicia, por lo que desde la Xunta la intención sigue siendo reclamar ese dinero en los tribunales -una medida acordada hace días-, si bien ha reconocido que la postura de Madrid parece haber cambiado a pesar de que “habrá que seguir hablando”. En la misma línea, desde San Caetano tampoco cejan en su empeño de cobrar los 170 millones que exigen al Gobierno de España por cumplir las reglas fiscales.

INSATISFACCIÓN GENERALIZADA

En idénticos términos se han referido el resto de gobiernos autonómicos, con independencia del partido gobernante. Desde el gobierno socialista balear admiten que la solución ofrecida desde Hacienda “no es la perfecta”, aunque se tomarán su tiempo para valorarla, lo mismo que valencianos, extremeños y manchegos. Mientras, los gobiernos del Partido Popular han sido más rotundos, exigiendo desde la Comunidad de Madrid la liberación de los fondos y desde Murcia recalcando que el principal problema es la “infrafinanciación”.