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Caso "Pichurri SL": El alcalde contrataba seguros del Ayuntamiento a su propia empresa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión que investiga las contrataciones de seguros realizadas por el exalcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, conocido como 'Pichurri',ve indicios de un delito de prevaricación y de otro continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión que investiga las contrataciones de seguros realizadas por el exalcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León, conocido como 'Pichurri',ve indicios de un delito de prevaricación y de otro continuado de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.


Camariñas Manuel Valeriano Alonso de León

Alonso de León



SU AYUNTAMIENTO CONTRATA CON SU EMPRESA

En un auto fechado a 30 de enero, la magistrada acuerda continuar con la causa abierta contra el regidor de la localidad coruñesa entre 2007 y 2018 ante la existencia de indicios de que Alonso de León se ha beneficiado económicamente de las comisiones generadas por la tramitación de pólizas contratadas con el ayuntamiento a una empresa de la que es administrador único.


La juez señala que el exalcalde dictó "resoluciones arbitarias" desde su puesto al frente del gobierno local para contratar los seguros municipales a su empresa --Pichurri SL-- "a sabiendas de la existencia de informes de reparo del interventor municipal para el pago de recibos contrarios a la legislación".


"Durante su mandato como alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso de León no solo realizó pólizas de seguros nuevas, sino también renovaciones de las nuevas y ampliaciones de pólizas", señala el auto. Esta pólizas eran contratadas con la delegación de Mapfre en Camariñas, la empresa Pichurri SL, propiedad del exregidor socialista.


DIMITIÓ POR OTRO CASO

Manuel Valeriano Alonso de León presentó su dimisión al frente de la Alcaldía el pasado 24 de agosto después de que la Audiencia de A Coruña confirmase el fallo que le condena a cuatro años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, en relación con la contratación de una persona sin haber convocado el correspondiente proceso de selección.

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