Pacientes en estado de atención "muy grave y preocupante" en los hospitales psiquiátricos

El Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM) ha denunciado "varios signos de grave deterioro" en la atención a la salud mental en Galicia. Concretamente, denuncian malas praxis en el Hospital de Conxo, en Compostela y en el Hospital de Calde, en Lugo. 

El Defensor del Pueblo, en ejercicio de las funciones el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, realizó un informe publicado hace unos días sobre el Hospital Psiquiátrico de Conxo. El documento señala la "carencia general de recursos asistenciales" para la adecuada atención de las y los pacientes, una "insuficiente" protección tutelar y unas instalaciones "obsoletas". 

"Es necesario recordar", subraya el comunicado del Movemento, que los y las usuarias "se encuentran viviendo durante períodos muy prolongados en ese espacio sanitario en condiciones de internamiento involuntario, lo que incrementa la obliga de cuidado y de respeto por parte del sistema sanitario y de sus profesionales". El informe hace patente la "utilización de contención mecánica" -la inmovilización de pacientes con sistemas de sujeción- "como castigo" y la "probable utilización de psicofármacos"como "instrumentos de sujeción química" -casos de "sobremedicación"- en el Hospital de Conxo. "Sólo tiene una valoración postiva la actitud del personal asistencial", añade.

De otra banda, el MGSM alerta de del ingreso de pacientes con trastornos psíquicos necesitadas de asistencia en Unidades de Cuidados Especiales (UCE), en lugar de en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica para procesos agudos. Identifican "hasta catorce ingresos en la UCE" de este tipo entre abril y mayo del Hospital de Calde, en Lugo, que "carece del equipo asistencial indicado en el Plan Estratégico de Salud Mental suspendido por el gobierno del Partido Popular desde 2009".

Consideran que la derivación de esas personas fuera de los Hospitales Generales "discrimina injustamente a las personas con padecimientos psíquicos, les causa un daño evitable, es estigmatizante, vulnera el derecho a la igualdad de las personas y constituye una violación flagrante de lo ordenado en la legislación vigente". 

Así las cosas, el Movemento Galego da Saúde Mental condena la actuación de la Xunta de Galicia, "que ni tan siquiera respondió a lo formulado por el Defensor del Pueblo" e insta a la ciudadanía, a las entidades asociativas, a los partidos políticos, a los ayuntamientos y al Parlamento a "atender esta llamada de alarma" y a movilizarse con los medios que disponga "por el bien y por el futuro de todos y todas nosotras".