Ecologistas alertan de la trayectoria contaminante y corruptora de la minera de Touro
El 20 de abril de 2008 pasó a la historia como la fecha de uno de los mayores desastres ambientales de España, la rotura de las balsas de Aznalcóllar en Río Tinto. Veinte años después, ADEGA advierte que, visto el expediente de Atalaya Minning, una tragedia similar "pude repetirse en Andalucía y Galicia".
El 20 de abril de 1998 pasó a la historia como la fecha de uno de los mayores desastres ambientales de España, la rotura de las balsas de Aznalcóllar en Río Tinto. Veinte años después, ADEGA advierte que, visto el expediente de Atalaya Minning, una tragedia similar "pude repetirse en Andalucía y Galicia".
Vertido en Aznalcollar en una imagen de la Junta de Andalucía
La mayor asociación ecologista del país recuerda los antecedentes de la actual operadora de Río Tinto, Atalaya Minning. Esta multinacional es la que pretende reabrir la mina de cobre de Touro - O Pino.
Sus promesas de "vertidos cero" no son creíbles para los ambientalistas. Tirando de hemeroteca, recuerdan que en la década que Atalaya lleva en las minas onubenses "acumula dos expedientes sancionadores por vertidos al dominio público de más de dos millones de metros cuadrados", "una paralización cautelar de actividad productiva por incumplimiento del plan de labores" y "un procedimiento pena de contaminación atmosférica a instancias de la fiscalía". ADEGA asegura que "el Servicio de Valoración Toxicológica de Sevilla determinó la superación de los niveles de emisión de partículas sedimentables (PSD)".
De paso, los ecologistas recuerdan que Trafigura - uno de los máximos accionistas de Atalaya y uno de los grandes nombres de la industria minera a nivel global - tiene "abiertos en estos momentos procedimientos por corrupción en Angola, Brasil, China, Colombia, Urugay, Jamaica, Zambia y Zimbaue", siendo responsable de un "desastre ambiental en Costa de Marfil" y de la "venta de diésel contaminado".
Atalaya y su filial gallega, Cobre San Rafael, no han respondido por ahora a las duras acusaciones de los ecologistas, que concluyen que "vistos sus antecedentes y su comportamiento en el proyecto minero de Riotinto en Andalucía, no hai razones para pensar que en Galicia no vaya pasar lo mismos".
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