Un total de 135 jueces de violencia sobre la mujer advierten de "colapso total" con la asunción de la violencia sexual

Un total de 135 jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han advertido de que la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, va a provocar un "colapso total" de sus juzgados, al tener que asumir los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.

"El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas", han avisado en un comunicado publicado este lunes.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya asumían estos delitos siempre y cuando entre la víctima mujer y el agresor varón mediara o hubiera mediado un vínculo afectivo. Según explican, la novedad radica en que dichos órganos judiciales comenzarán a conocer de los mismos con independencia de la existencia o no de vínculo matrimonial o análogo entre las partes.

"Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos Juzgados ya de por sí saturados", alertan, al tiempo que protestan por la "falta de dotación presupuestaria" de la Ley, pues se trata de "una reforma a coste cero que, según los cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%".

Además, señalan que aunque "se pretende convencer a la ciudadanía afirmando que, si es necesario, se reconvertirán Secciones de Instrucción en Secciones de Violencia sobre la Mujer", la entrada en vigor de dicho aumento de competencias tendrá lugar el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de la fecha prevista con carácter general para que entren en funcionamiento dichas secciones, el 31 de diciembre de 2025. "Es decir, que esas supuestas 'facilidades' para la asunción de la competencia no son reales", lamentan.

Según recuerdan los firmantes del comunicado, en estos casi veinte años se ha aumentado "progresivamente y exponencialmente" tanto el tipo de delitos de los que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen como el número de denuncias, "sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de Juzgados".

Además, añaden que "solo" en cinco partidos judiciales --Madrid (11), Barcelona (5), Sevilla (4), Málaga (4) y Valencia (6)--, estos órganos funcionan con servicio de guardia igual que un Juzgado de Instrucción, es decir, que reciben denuncias y detenidos durante todo el día.

En el resto de los 88 órganos exclusivos, que solo conocen casos de Violencia sobre la Mujer, se resuelven todos los asuntos penales que reciben durante la mañana, además de los asuntos civiles de familia: separaciones, divorcios, filiaciones, liquidaciones de régimen económico ganancial. Mientras, en los 350 juzgados restantes, en los no exclusivos, en los de los partidos judiciales pequeños, se conoce de dichos asuntos junto con el resto de materias, que van desde un juicio de tráfico hasta una reclamación de cantidad.

"Y ello sin prestar servicio de guardia; sin poder garantizar a las partes que ese día podrá celebrarse el proceso de divorcio señalado meses antes. Porque si se recibe una denuncia con una petición de orden de protección, una medida de alejamiento, o, simplemente, un detenido por un acto de violencia de género, todo se paraliza para atender este asunto penal prioritario", advierten.

Además, avisan de que en la actualidad, la mayoría de estos órganos trabaja con "una absoluta precariedad de medios", sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima y con "un más que deficiente" funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control.

Entre otras carencias, también destacan: la falta de forense de guardia; la falta de salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad; o la existencia, en muchas ocasiones, de salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones.

"Unas carencias que se vienen arrastrando desde hace años, sin que las peticiones de dotación de más medios personales y materiales hayan sido atendidas, pese a que se trata de un problema sobradamente conocido y denunciado en los informes del Defensor del Pueblo o del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y Doméstica (GREVIO)", subrayan.

Por todo ello, avisan de que se va a producir "un significativo paso atrás" en la lucha contra la violencia de género, "que puede generar espacios de desprotección y riesgo" para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas, ante "la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada" cada asunto civil y penal.

"Consideramos de suma importancia que la ciudadanía, y singularmente las mujeres que necesitan de un sistema judicial eficaz para encontrar una salida a la tiranía de la violencia, conozcan el desolador y peligroso escenario que se vislumbra con la nueva asunción de competencias", zanjan.