Abre el plazo para alegar contra el segundo plan de reapertura de la Mina de Touro

El Diario Oficial de Galicia publicó esta mañana el primer paso oficial para el segundo intento de reapertura de la polémica mina de cobre en Touro - O Pino. Se trata del acuerdo por el que se somete a información pública el proyecto Cobre San Rafael  promovido por la sociedad Cobre San Rafael, S.L., filial de la multinacional Atalaya Mining y de la local Explotaciones Gallegas, propietaria de la mayoría de los terrenos afectados.

La Xunta recuerda que como ya lo declaró proyecto industrial estratégico (PIE) solo hay treinta días para presentar alegaciones. La plataforma Mina Touro O Pino non ha reaccionado anunciando que “demostraremos unha vez máis que non teñen a licencia social; a licencia social non se pode mercar”. 

El colectivo indica que aquellos que quieran presentar alegaciones, pronto encontrarán modelos en sus redes sociales. 

Razones de los críticos para decir no al proyecto

En su opinión, el nuevo proyecto en realidad es un calco del que ya denegó la Xunta hace unos años por riesgo de contaminación a la cuenca de la Río Ulla y, por consiguiente, a la Ría de Arousa, de la que dependen miles de familias de mariscadores y pescadores.

La Plataforma insiste en que el nuevo proyecto incluye grandes balsas de residuos con “riesgo de rotura” a 200 metros de la viviendas y que perjudica gravemente a las industrias agroganaderas locales y al Camino de Santiago, uno de los principales motores de la economía de la comarca. 

Promesas de empleo y restauración ambiental de las mineras

Por su parte Cobre San Rafael ha prometido una serie de ventajas económicas y ambientales si se reabre la mina de cobre de Touro. En el aspecto económico, la empresa asegura que el proyecto generará aproximadamente 400 empleos directos e indirectos al año, principalmente locales, con un impacto adicional estimado de 1000 empleos inducidos. La inversión inicial prometida 200 millones de euros y la vida útil prevista de la explotación es de unos  14 años. 

Se prevé la exportación de unas 100.000 toneladas de concentrado de cobre al año desde los puertos gallegos. Es decir, Galicia será fuente de materia prima, no se elaborarán productos de valor añadido en el país.

En cuanto polémica ambiental, Cobre San Rafael se compromete a implementar un plan de restauración detallado que dice se llevará a cabo en paralelo con la explotación de la mina, para mejorar las condiciones de la mina histórica, cuya actividad sigue provocando en el presente, décadas despues de su cierre, contaminación de los ríos locales, incidentes por los cuales la Xunta ha llegado a multar a Explotaciones Gallegas.

La Xunta recorta plazos para alegar contra la mina

Está por ver quien gana la batalla esta vez, si los vecinos críticos o Atalaya Mining, que tiene derechos sobre el 80% del proyecto,  y sus aliados locales, que llevan años gastando mucho dinero en patrocinios y publicidad para socavar el fuerte movimiento de oposición que fue clave para tumbar la primera intentona. En ese marco hay que entender sus esfuerzos en promocionar la recogida de currículums vitae por la zona.

Lo que está claro que la Xunta ha concedido en esta ocasión una ventaja a las mineras, al declarar el plan  proyecto industrial estratégico (PIE).  Esto permite una tramitación administrativa acelerada y menos plazos para alegaciones.  

De hecho, aunque el DOG publica hoy el anuncio, en la web de Economía, todavía no está disponible el proyecto en su totalidad. En teoría se publicará mañana. Está por ver si entonces, por ejemplo, el público podrá comprobar si esta segunda tentativa incluye las polémicas balsas, cuyo riesgo de rotura llevó a la Xunta a tumbar el primer intento.