La Subdelegación del Gobierno de Pontevedra deberá indemnizar a un trabajador incapacitado

El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra ha condenado a la Subdelegación del Gobierno de dicha ciudad a indemnizar a un trabajador con casi 160.000 euros por daños y perjuicios derivados de un accidente ocurrido en dichas instalaciones en 2019, tras tropezar con unas cajas de cartón, que provocaron su caída y le generaron lesiones que le dejaron incapacitado.

En concreto, se trata de un técnico en telecomunicaciones de 53 años de edad, que será indemnizado con casi 160.000 euros debido a la falta de medidas de seguridad en el centro de trabajo.

En la sentencia, el juez explica que, pese a contar con Plan de Autoprotección y Plan de Prevención de Riesgos que contempla como tal el de caídas derivadas de la falta de orden y limpieza en relación con las zonas comunes; "sin embargo, el primer documento está pensado para situaciones de urgencia y en cuanto al segundo, se constata el cumplimiento de esta obligación básica, pero también, y a tenor de la información que suministra el informe de la Inspección de Trabajo, la poca efectividad de esta disposición a la hora de ejecutarla".

"Pues es un hecho admitido que el actor tropezó debido al estado del lugar habilitado como salida, por lo que está presente la negligencia imputable a la empleadora", indica el fallo.

Por todo ello, la Subdelegación ha sido condenada esta vez a pagar casi 160.000 euros. Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que ante ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Ante esta noticia, el abogado de la víctima, Cipriano Castreje Martínez, ha explicado que no se trata de la primera reclamación que gana su cliente. El hombre logró que el Juzgado de lo Social declarase que su invalidez derivaba de un accidente de trabajo, permitiendo incrementar su pensión mensual y cobrar un seguro de convenio de 94.000 euros, tras una sentencia confirmada por el TSXG en mayo de 2022.

"Lograr que la contingencia fuese reconocida como accidente de trabajo, demostrar la gravedad de las lesiones, que requirieron una intervención quirúrgica emergente para salvar la vida del trabajador, y que el accidente fue debido a falta de medidas de seguridad por parte de la empleadora (Subdelegación del Gobierno). Este caso refleja la falta de diligencia de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la importancia de no rendirse nunca por parte del trabajador, y la nula empatía con su empleado por parte de los altos cargos de la Subdelegación, que durante todo el tiempo estuvieron boicoteando los derechos del trabajador, salvo algunas y meritorias excepciones", ha lamentado Castreje Martínez en un comunicado enviado a la prensa.