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Rueda defiende 272 contratos sin concurso a empresa del hermano de su secretaria xeral (vídeo)

El presidente alega que las adjudicacones fueron plenamente legales y no ve inconveniente que un familiar directo de la número dos de la consellería reciba centenares de los que popularmente se llaman contratos a dedo, pues los contratos menores no requieren de un concurso público donde se pueden presentar todas las empresas en función de unas bases públicas, basta pedir precio a un número limitado de compañías.


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La secretaria xeral da Presidencia, Beatriz Cuiña Barja, en comisión parlamentaria
La secretaria xeral da Presidencia, Beatriz Cuiña Barja, en comisión parlamentaria

 

En los últimos siete años, la Xunta de Galicia ha otorgado 272 contratos menores, por un valor total de 782.666 euros, a Gallaecia Patentes y Marcas SL, una empresa administrada por Joaquín Cuíña Barja, hermano de Beatriz Cuíña, quien ocupa el puesto de Secretaría Xeral de la Presidencia y es una de las personas más cercanas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Estos contratos fueron adjudicados sin concurso público, lo que ha generado críticas y sospechas sobre la transparencia del proceso.

 

Entre los organismos que más recurrieron a los servicios de esta empresa, destaca la Axencia de Turismo de Galicia, que contrató en 103 ocasiones a Gallaecia Patentes y Marcas SL, por un valor total de 334.134 euros. Esta entidad depende directamente de la Presidencia de la Xunta, y la hermana del empresario que recibió estos fondos gestiona su área operativa. Los contratos estaban relacionados principalmente con el registro y la vigilancia de patentes y marcas vinculadas a las iniciativas del Gobierno gallego.

 

Ante la polémica, el presidente Alfonso Rueda ha manifestado que desconoce con quién contrata cada departamento de su gobierno para gestionar cuestiones relacionadas con patentes y marcas, aunque defendió que estas adjudicaciones se realizan mediante un "procedimiento normal, transparente y fiscalizado". Rueda, implícitamente, respaldó los contratos con la empresa del hermano de su colaboradora cercana.

 

Los contratos menores, como los utilizados en este caso, se refieren a aquellos que no superan los 40.000 euros en el caso de obras y 15.000 euros para servicios o suministros. Estas adjudicaciones, según explican, están reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe fraccionar los contratos en cantidades más pequeños, para poder así recurir al contrato menor y eludir los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva que sí hay en los otros contratos.

 

 

 

Por su parte, la Xunta ha defendido la legalidad de los contratos, argumentando que la empresa en cuestión es solo una de las diez con las que han trabajado en los últimos años para gestionar las marcas y patentes. Según el gobierno autonómico, estos trabajos son necesarios para "evitar un uso fraudulento" de las marcas registradas por la administración y evitar que se genere confusión entre los ciudadanos.

 

La información fue revelada por elDiario.es, que accedió a datos públicos disponibles en el Portal de Transparencia de la Xunta. Sin embargo, los detalles de los contratos menores suelen ser poco accesibles, lo que añade una capa de opacidad a este tipo de adjudicaciones.

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