#Claves de la semana

La pelea del PSOE en Santiago, mucho más que una disputa sobre pisos turísticos

La desobediencia de los concejales socialistas a los órdenes del PSOE de Santiago no es un incidente puntual. Va mucho más allá de un desacuerdo sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y podría tener consecuencias impredecibles en el gobierno de la ciudad y también para el propio PSdeG.


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Aitor Bouza y Mercedes Rosón


La agrupación local reaccionó inmediatamente ayer. En cuando los ediles apoyaron la norma que limita los pisos turísticos, el aparato que lidera Aitor Bouza, que había ordenado la abstención, publicó una nota en la que pide “las “medidas disciplinarias oportunas según los estatutos del PSOE”. El responsable de dictaminar esas medidas será el PSOE provincial de A Coruña, indica la agrupación socialista compostelana.


Con todo, está por ver hacia qué lado se decantan los próceres socialistas a nivel provincial y gallego. El líder gallego, José Ramón Gómez Besteiro, se ha lavado por ahora las manos,  tratando de evitar que le salpique la polémica y pasándole la pelota al líder provincial, Valentín González Formoso, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

 

El líder de la Agrupación Local, Antón Bouza, es un joven hasta hace poco líder de las Xuventudes Socialistas. No tiene acta de concejal, iba de 11 en las listas a las locales, ni de diputado en el Parlamento de Galicia, donde trabaja como asesor socialista. Su peso político dentro de la estructura del partido -que básicamente se mide por la capacidad de mover votos en los congreso internos- si lo comparamos con el de algunos socialistas que sí son concejales, en particular Mercedes Rosón, que llegó en su día a sonar para competir con Formoso por el liderazgo del PSOE provincial.

 

Bouza llegó al control de la Agrupación de Santiago tras la derrota en las pasadas elecciones. En teoría un hombre afín al ex-concejal Bernardino Rama y al líder gallego Besteiro. Suya fue la única candidatura en un intento de renovar el partido y superar las divisiones del pasado. 

 

Militantes con influencia aceptaron que Bouza tomase el timón del PSOE de Santiago para facilitar la reconstitución tras el fracaso de las pasadas elecciones locales. Con todo, el conflicto actual -el primero donde ha intentado públicamente imponer su criterio- demuestra que, a la hora de la verdad, Bouza -y por extensión sus mentores- no tienen el control del grupo municipal en el Ayuntamiento.

 

Con los estatutos en la mano, los concejales que han desobedecido la orden podrían ser expulsados del partido, salvo uno, Marta Abal, que es independiente. Con todo, cualquiera expulsión supondría una verdadera guerra civil en el PSOE de Santiago de consecuencias impredecibles, pues el partido tendría que exigir la renuncia, que entregaran el acta. Hay que tener en cuenta que el PP podría presentar una moción de censura contra el gobierno del BNG y Compostela Aberta si tuviese el aval de las actas socialistas. También es factible que si los concejales son expulsados pero no renuncian puedan acabar sumándos al gobierno de BNG y PSOE, lo que dejaría las perspectivas electorales del PSOE en la ciudad muy tocadas.

 

Así las cosas, está por ver cuál es el castigo a los concejales díscolos. Tras el órdago lanzado por la dirección local, la autoridad de Bouza como líder santiagués quedaría cuestionada si no son expulsados. Por ahora, el tono de la nota publicada ayer por la Agrupación Local es duro, pero no es tan agresivo como podría esperarse. Besteiro, además, sigue sin mojarse, lo que no debe sonar muy tranquilizador para Bouza.

 

¿Cómo se regulan los pisos turísticos en Santiago?


La pelea  socialista ha dejado en segundo plano la medida que se votaba. La nueva norma de las VUT fue diseñada por el anterior gobierno socialista, de ahí que el equipo de Rosón se empeñase en apoyarla. Saben, además, que en teoría es una regulación popular entre la ciudadanía, alarmada ante el problema de la vivienda y la avalancha de turistas.

 

Cuando el grupo municipal declaró que votaría a favor de la medida, la Agrupación local contraatacó anunciando que deberían abstenerse. El enfrentamiento, por lo tanto, era inevitable.

 

La reglamentación, a grandes rasgos, deja fuera del marco legal a unas 800 viviendas turísticas que llevan tiempo funcionando pero no cumplen las normas marcadas por el anterior gobierno y que, si no hay sorpresa, entrará en vigor este verano tras la votación en pleno ayer.

 

A grandes rasgos, únicamente pueden funcionar como VUT los pisos que estén fuera de la zona vieja, tengan acceso propio y posean otras características. El resto, solo podrán funcionar como VUT dos meses al año, siempre que el resto del ejercicio estén ocupadas por un alquiler de larga duración y las normas de la comunidad no lo impidan.

 

El equipo de Bugallo diseñó la norma para permitir que los pisos de Santiago se alquilasen a estudiantes universitarios durante el curso y a turistas durante el verano. Buscaban así mantener contentos a los propietarios y a la vez rebajar el aumento de los precios del alquiler en la ciudad, que en los últimos cinco años se ha disparado más de un 30%, en parte por la proliferación de pisos turísticos.

 

Con todo, el anterior gobierno no dio los pasos para hacer efectiva la norma, consciente de que una parte de los actuales peradores estaba radicalmente en contra del nuevo modelo, menos rentable para ellos.

 

La entrada en vigor -tras aprobarse el formulario de solicitud de VUT- es lo que se votó ayer. Algunos propietarios de pisos turísticos protestan porque entienden que, al estar ya en funcionamiento, ellos deberían ser amnistiados. Es más, acusan al BNG de prometerles esa amnistía en la campaña electoral y de romper esa promesa ahora que están en el poder. 

 

La posible amnistía a algunas VUT no es el argumento que usó Bouza para ordenar la abstención. En su opinión, lo que se votaba ayer era un simple formulario que, además, no entraba en el fondo de la cuestión por lo que lo apropiado era la abstención.

 

 

 

Los concejales justificaron su sí alegando que así defendían a las familias compostelanas, que a menudo son expulsadas de la ciudad ante la imposibilidad de encontrar alquileres dignos.

 

 

 

 Con todo, es evidente que el desacuerdo entre Agrupación Local y Grupo Municipal es muchísimo más profundo que un matiz sobre cómo implementar la reglamentación de las viviendas turísticas. 

 

Lo que no es tan evidente es por qué bando se decanta la dirección provincial y la gallega.

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